En un auto emitido este 27 de julio, la Sala que enjuiciará el caso denegó los argumentos de las defensas, que hacían referencia a la reciente decisión de un tribunal alemán de denegar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont para ser juzgado por un delito de rebelión, el más grave de los que se atribuye a los nueve independentistas presos.
En su decisión, la Sala argumenta que las defensas de los políticos catalanes pretenden "convertir al tribunal provincial alemán en un extravagante órgano supranacional con capacidad para revocar las decisiones adoptadas por el juez español", lo que "resulta manifiestamente improcedente y está condenado al fracaso".
En sus escritos, algunos procesados también aludían a un cambio en las circunstancias del contexto social y político para solicitar medidas cautelares menos gravosas.
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La respuesta de la Sala insiste en que el proceso penal no puede explicarse como una realidad cambiante "en función de la atmósfera política que se respire en cada momento".
"Explicar la privación de libertad de un procesado como una baza más en un proceso de normalización política encierra una gravísima deformación del significado mismo del proceso penal en una sociedad democrática", argumenta la Sala.
Finalmente, la Sala recuerda que, a su modo de ver, persiste el riesgo de fuga y reiteración delictiva para los nueve políticos presos, por lo que un cambio de las medidas cautelares minaría las posibilidades de que los procesados finalmente se sienten en el banquillo de los acusados.
Tras conocerse el anuncio del Tribunal Supremo, el actual presidente catalán, Quim Torra, calificó la decisión como "una vergüenza" y una "indecencia".
"Esta causa es una farsa y el juicio será la prueba más execrable", escribió en su perfil de Twitter.
Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, afirmó que el Tribunal Supremo confunde justicia con "venganza y escarmiento", porque "Europa dijo claramente que no hay rebelión ni sedición".
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