Johnson encabezó una mini rebelión contra la primera ministra, Theresa May, porque ésta logró consensuar un complejo plan que prevé que la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sea suave y no dura.
En el plano económico, se instauraría un mercado común de bienes industriales y agrícolas, pero no de servicios, lo que implicará una armonización normativa y aduanera con Bruselas. El proyecto original propone un "acuerdo fronterizo agilizado", que utilizaría medios de alta tecnología —que aún no existen, es decir, que deben ser inventados— para imponer los aranceles comunitarios a los productos que entren en Europa a través del Reino Unido. También se menciona que no habría frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.
Johnson ya había advertido que aceptar las reglas de Bruselas sin tener a cambio facultad de veto dentro de la organización reducirá el papel de Reino Unido al de un mero estado vasallo, a una colonia de un superestado europeo.
"Hemos estado culpando a la legislación impuesta por la UE de muchos de nuestros problemas en los últimos 30 años. Ahora estamos diciendo que necesitamos mantener todas esas regulaciones porque son vitales para nuestra salud económica", enfatizó el que fue alcalde de Londres entre 2008 y 2016.
Posteriormente, en su carta de dimisión, dijo que el "sueño" del Brexit "está muriendo, ahogado por unas dudas en nosotros mismos innecesarias". Johnson siente que se ha traicionado el resultado del referéndum celebrado en junio de 2016, donde el 52% de los votantes británicos optaron por abandonar la UE tras prometerles en campaña que Londres gestionaría su propia política de inmigración y repatriaría las importantes sumas de libras esterlinas que habitualmente se gasta la Unión. Se trata, sobre todo, de una cuestión de soberanía e independencia. De poner las leyes británicas por encima de las europeas.
La prensa local también desveló que Johnson, conocido por su extrema franqueza, comparó en privado los intentos de May de vender el nuevo plan con "limpiarse una mierda". Fue sustituido con celeridad por Jeremy Hunt, exsecretario de Sanidad, quien primero defendió seguir en la UE para luego cambiar de bando.
El ya excanciller, que en su día dijo que la posibilidad que tenía de ser primer ministro era tan alta como "la de encontrar a Elvis en Marte", no oculta sus auténticas ambiciones: llegar al número 10 de Downing Street, residencia oficial del jefe del Ejecutivo. Su renuncia abre la vía a una lucha aún más cruenta por el liderazgo dentro del Partido Conservador. Incluso favorece el fantasma de las elecciones anticipadas.
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Jeremy Corbyn, el veterano líder del Partido Laborista en la oposición, se frotaba las manos ante el espectáculo que le brindaban, y aprovechaba la coyuntura para mofarse de su máxima adversaria, al declarar que le ha llevado dos años elaborar el plan, pero sólo dos días desarmarlo.
El reloj de la cuenta atrás sigue corriendo impasible. El límite es el 29 de marzo de 2019, a las 23.00 horas. En esa fecha y hora, el Reino Unido abandonará el club de socios europeos, conforme al término del plazo de dos años que establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa.
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Al otro lado del Canal de La Mancha, la reacción más significativa a la crisis desatada fue probablemente la del presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk. "Los políticos van y vienen, pero los problemas que han creado a su pueblo permanecen. El desorden causado por el Brexit es el mayor problema en la historia de las relaciones UE-Reino Unido, y todavía está lejos de haberse resuelto".
Muchos de ellos se preguntan ahora si el "proyecto de semi-Brexit", como ya le han llamado, dará realmente al Reino Unido la capacidad para firmar acuerdos de libre comercio con el resto del mundo, especialmente con los mercados emergentes y los países de la Commonwealth. También quieren saber si se acabará o no con la libertad de movimiento de los ciudadanos —la espina de la inmigración— o si cualquier futuro gobierno podrá discrepar abiertamente en ciertas áreas sin tener que plegarse al final a las normas de la UE.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK