En consecuencia, el Grupo de expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA) del Consejo de Europa urgió a las autoridades españolas a "adoptar con carácter prioritario un plan de acción que incluya medidas para combatir la trata con fines de explotación laboral".
"Para prevenir la trata con fines de explotación laboral, GRETA recomienda fortalecer las inspecciones laborales, especialmente en los sectores de trabajo agrícola y doméstico", reza un comunicado difundido por el Consejo de Europa.
En su informe, GRETA celebra que España haya abordado reformas del derecho penal para incluir dentro de la definición de trata, fenómenos como el matrimonio forzado o la participación forzosa en actividades delictivas.
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Sin embargo, el grupo de expertos manifestó preocupación sobre el funcionamiento del proceso para la identificación de las víctimas, e instó a las autoridades españolas a garantizar que ésta no depende de la presencia de pruebas suficientes para el inicio de un proceso penal.
Las medidas recomendadas por el grupo de expertos incluyen la creación de albergues y la capacitación de policías, trabajadores sociales y otros actores, sobre cómo identificar a los niños víctimas, incluidos aquellos explotados para la mendicidad y las actividades delictivas.
El Consejo de Europa recordó que España sigue siendo un país de destino prioritario para personas objeto de trata, aunque también actúa como país de tránsito.
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Durante el período 2013-2016, los principales países de origen de las personas identificadas como víctimas de la trata en España fueron Rumania (306 víctimas), Nigeria (104), China (100), Paraguay (58) y Bulgaria (42).
La gran mayoría de las víctimas (84%) eran mujeres y niñas desplazadas para fines de explotación sexual.
Pese a exponer estos datos, el grupo de expertos del Consejo de Europa señaló que "estas cifras no reflejan la escala real de la trata de personas en España" ya que la mayoría de los casos pasan desapercibidos para las autoridades.