Según el texto, el Gobierno deberá aprobar en un plazo de tres meses un plan de acciones para realizar estos principios.
Además, el Gabinete de ministros deberá presentar un informe anual al presidente sobre la situación con la seguridad industrial, así como sobre las medidas dirigidas a fortalecerla.
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El documento entró en vigor a partir de su firma el 6 de mayo.