El informe del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU entregó su estudio a la Cancillería mexicana en diciembre de 2017, sin hacerlo público, pero la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) solicitó la investigación en febrero pasado a través del Sistema Nacional de Transparencia.
El texto del órgano especializado de Naciones Unidas documenta "la corrupción en cárceles y confirma que la impunidad en los casos de tortura es la regla".
La secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de Enrique Peña Nieto mantenía clasificado el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de las Naciones Unidas sobre su visita a México en diciembre de 2016.
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En el informe revelado, el SPT reconoció avances legislativos en torno a la prevención de la tortura en el país.
Pero al mismo tiempo "reiteró que la tortura es una práctica generalizada, tal y como lo han reconocido otros mecanismos internacionales".
Asimismo, el organismo de la ONU confirmó que "la impunidad, casi absoluta, que prevalece en los casos de tortura fomenta su repetición".
"Encubrimiento de la tortura"
Asimismo, documentó que muchas personas privadas de libertad no denuncian la tortura y los malos tratos por temor a represalias.
El organismo mundial en la materia señaló su preocupación por "distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja, las autoridades y personal de los penales".
El SPT identificó que la tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, "con el fin de que las víctimas hagan declaraciones auto-incriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco".
Entre las recomendaciones de la ONU al Estado mexicano se encuentra la eliminación de la figura del arraigo, el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por ejemplo, para establecer maneras de presentar quejas o denuncias que deriven de los casos individuales que documenta.
Organizaciones sociales hicieron un "enérgico llamado a todas las autoridades del Estado mexicano a que cumplan a cabalidad las recomendaciones formuladas por el SPT" e incluyan a organizaciones de la sociedad civil en su implementación.
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La revelación del documento obtenido por la Cmdpdh fue respaldado por las organizaciones ciudadanas Asistencia Legal por los DDHH, el jesuita Centro de DDHH, Miguel Agustín Pro Juárez, Equis Justicia para las Mujeres, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto para la Seguridad y la Democracia y el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia.