El plan operativo, cuyos detalles revela este 4 de abril el diario La Vanguardia, lleva por nombre Minerva y pasa por blindar edificios de instituciones públicas —principalmente de la Justicia— y sedes de partidos políticos, así como aumentar la seguridad personal de políticos contrarios a la independencia de Cataluña.
El objetivo de este operativo, que comienza este 4 de abril y está pensado que se prolongue hasta el próximo 22 de mayo, es "mantener el funcionamiento de la actividad ordinaria de Cataluña".
Asimismo, los Comités de Defensa de la República (CDR) —organizaciones independentistas locales de tipo asambleario— llaman a los sindicatos a convocar una nueva huelga general en Cataluña.
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Los CDR creen que una nueva huelga general como la llevada a cabo el 3 de octubre de 2017 —dos días después del referéndum unilateral de autodeterminación— puede que "afecte a la economía", lo que serviría para demostrar "el poder del pueblo" catalán.
Los CDR también denuncian en su campaña el "inmovilismo" por parte de los partidos independentistas en el Parlamento de Cataluña.
Tras la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont en Alemania se convocaron numerosas manifestaciones de protestas en Cataluña y una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona terminó con cargas de la Policía y casi un centenar de lesionados.
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La Fiscalía ha abierto asimismo diligencias contra los CDR, a los que investigará por "rebelión".
Puigdemont, que se desplazaba desde Helsinki (Finlandia) hasta Bruselas (Bélgica) en coche, fue detenido en Alemania tras cruzar la frontera el pasado 25 de marzo en virtud de la euroorden emitida por el Tribunal Supremo, donde está procesado por la presunta comisión de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos durante el proceso independentista catalán.
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Además del inicio de los trámites para la extradición, la Fiscalía General de Schleswig-Holstein dictó el mantenimiento en prisión del líder independentista al considerar que existe riesgo de fuga.