Todos están procesados por rebelión, según el auto que les ha notificado este 23 de marzo el juez Llarena.
En la vista de esta mañana ante el juez también estaba citada Marta Rovira, secretaria general del partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, que no se ha presentado tras anunciar por carta que huye de España.
"El exilio será un camino duro pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política", afirmó Rovira en la carta.
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El auto la acusa de rebelión por su "participación esencial" en los mecanismos diseñados para alcanzar la independencia de Cataluña.
"No se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente", añade el juez en su auto antes de recordar que "el acatamiento de la decisión del Tribunal se producirá mientras su voluntad no cambie, tal como ya ha acontecido hoy con otra de las procesadas".
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Finalmente, el juez sustenta sus afirmaciones sobre el riesgo de fuga recordando que los políticos independentistas disponen de estructuras asociativas que les pueden servir de soporte si deciden huir del país.
Además del riesgo de fuga, el magistrado afirma que en el caso de los cinco políticos independentistas existe riesgo de reiteración delictiva.
"Sin perjuicio de que algunos de los procesados han renunciado a su acta de diputados [Dolors Bassa y Carmen Forcadell], todos ellos han compartido la determinación de alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional", explica.
Además, el juez considera que la actuación de los políticos catalanes en los últimos meses, en los que prometieron seguir adelante con la construcción de una república catalana, no le permite "obtener la convicción" de que hayan renunciado a "retornar al anormal funcionamiento de las instituciones".
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Finalmente, Llarena argumenta que el envío a prisión de los políticos catalanes no vulnera los derechos de representación política pese a que este 24 de marzo esté convocada en el Parlamento de Cataluña la segunda votación para la investidura de Jordi Turull.
"Cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa", recuerda el magistrado antes de afirmar que dicha facultad no debe anteponerse al ejercicio del derecho en personas a las que se les atribuye "una grave actuación delictiva".
Todos ellos, que se encontraban en libertad bajo fianza, ya pasaron por esas prisiones por diferentes lapsos de tiempo; dos meses, entre el 2 de noviembre y el 4 de diciembre, en el caso de los antiguos miembros del Gobierno catalán y una noche en el caso de la expresidenta del Parlamento.