A finales de diciembre la Comisión Europea decidió activar el procedimiento de sanciones contra Polonia, que, según el Colegio de Comisarios de la UE, se apartó de los principios de la democracia como resultado de una reforma judicial.
En noviembre pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que da inicio al procedimiento previsto en el artículo 7.1 para imponer restricciones a Polonia por la reforma.
El apartado 2 del mismo artículo del Tratado de la Unión Europea prevé un mecanismo sancionador que podría derivar en la pérdida de los derechos de voto para Polonia, en el caso de una violación grave y persistente.
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El 16 de diciembre el Senado de Polonia aprobó la versión final de las leyes sobre la reforma judicial relacionada en particular con las funciones y la composición del Tribunal Supremo.