El juez Pablo Llarena anunció este rechazado tras la petición del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras de ser trasladado a una prisión catalana para poder acudir al Parlamento.
El tribunal declara en su auto la "incapacidad legal prolongada de estos investigados para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del pleno".
Con esta especificación, Llarena dice que "deben ser los propios diputados electos los que soliciten a la Mesa del Parlamento catalán para que arbitre —en la forma en que lo entienda procedente y si no hay razón administrativa que se oponga a ello—, el procedimiento para que deleguen sus votos en otro diputado, mientras subsista su situación de prisión provisional".
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La resolución dictada también afecta al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y al 'exconseller' de Interior, Jordi Sànchez y Joaquín Forn, que el 11 de enero declararon ante el juez, por lo que hace presagiar que no lograrán la puesta en libertad, pese a sus renuncias expresas y contundentes a las vías unilaterales.
De hecho, ambos presentaron en el alto tribunal sus últimos escritos pidiendo la excarcelación este mismo 12 de enero.