Según el medio, "cualquier medida repentina acabaría costándole millones de dólares a los contribuyentes", y es muy impopular entre la industria petrolera y gasística.
Esto se debe a que la última ronda de concesión de licencias, en virtud de la cual 76 empresas petroleras y gasísticas exploran en 257 bloques, todavía está en curso y es "poco probable" que los interesados firmantes de costosas ofertas las abandonen sin litigar.
En concreto, explica el periódico, la presentación de ofertas es un proceso complicado y "a menudo le cuesta a las empresas millones" en honorarios legales, administrativos, topográficos y de presentación. Además, cualquier medida repentina "provocaría una disputa" en "un Gobierno en pañales", agrega.
Por ello, el Gobierno acabaría decidiendo que sigan adelante las últimas licitaciones antes de anunciar la prohibición definitiva, sugirió el medio.
Por lo tanto, anticipa Forbes, es muy probable que, "apretando los dientes", el Ejecutivo puede acabar permitiendo que sigan adelante las últimas licitaciones antes de anunciar la polémica prohibición, en línea con los compromisos manifiestos de los laboristas antes de las elecciones celebradas el 4 de julio.
"O eso o arriesgarse a acciones legales millonarias para conseguir un punto político repentino y mal calculado", concluye.
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