El paro sube más de lo habitual en España, donde la mitad de la población recorta gastos en comida

El mercado laboral no ha terminado de arrancar bien en España. Pese a que todos los inicios de año, una vez finalizan las campañas de Navidad y desciende el consumo, suelen producir datos negativos, la ocupación registrada entre enero y marzo disminuyó en 139.700 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 21.250.000.

A su vez, el desempleo se incrementó en 117.000 personas y alcanza prácticamente la cifra de tres millones de parados: 2.977.900, lo cual eleva la tasa a un 12,29% de la población en edad de trabajar, según los resultados la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, los datos en términos interanuales siguen siendo positivos; en los 12 últimos meses, el paro disminuyó en 208.500 personas. Y en su expresión desestacionalizada, descendió un 1,58%.

El empleo a tiempo completo descendió en 199.700 personas y el de tiempo parcial aumentó en 59.900. El empleo privado disminuyó en 114.100 (hay un total de 17.699.000 trabajadores, tanto por cuenta ajena como propia) y el empleo público descendió en 25.600 (3.551.000 personas trabajan para las distintas administraciones y servicios del Estado).

Los números no son especialmente dramáticos a primera vista, pero sí marcan un pequeño hito; se trata del aumento del desempleo más fuerte en un primer trimestre desde 2020, cuando la pandemia global de COVID-19 provocó en España la destrucción de 121.000 puestos de trabajo en esos primeros tres meses. En comparación, entre enero y marzo de 2023, el paro aumentó en 103.800 personas.

El elevado desempleo, al menos en comparación al resto de las economías de la UE, es una de las características del mercado laboral español. En el país sigue habiendo altas cotas de economía sumergida, imposible de estimar con exactitud, pero que los economistas cifran entre el 15% y el 20% del PIB.

Esto palía los efectos del desempleo, que podría ser mayor que el consignado por las estadísticas oficiales, dado que el sistema de cómputo no contabiliza como desempleados a los trabajadores fijos discontinuos cuando no trabajan, o a todo aquel desempleado que no se inscribe como demandante de empleo.

Otro de los índices que llaman la atención es la cantidad de hogares en España que tienen a todos sus miembros en edad de trabajar en paro. Su número ha aumentado en 49.700 y ya suman casi un millón: un total 977.000. Es un dato que hay que combinar con el descenso de hogares con todos sus miembros activos ocupados; ya hay 108.500 en los que alguno de sus miembros han perdido su trabajo. El dato se atenúa si se atiende a la estadística interanual, pues en los últimos 12 meses los hogares con todos sus miembros ocupados aumentaron en 346.900. Quedan 11,5 millones de hogares con todos sus miembros activos trabajando.

Paradójicamente, todo esto sucede en un contexto en el que los resultados macroeconómicos en 2023 fueron positivos y las previsiones económicas para España de diferentes organismos, tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) como del Banco de España, auguran en 2024 un panorama mejor que el promedio de la Eurozona y prácticamente coincidente con los cálculos del Gobierno español.

Ambas organizaciones mejoraron recientemente (en marzo el Banco de España, en abril el FMI) su pronóstico de crecimiento para la economía española, elevándolo hasta el 1,9% en 2024, a tenor de la reducción de la inflación. La cifra concuerda con las expectativas del Ministerio de Economía, que espera un crecimiento del 2% este año.

La calidad de vida de la sociedad sobre la que giran las cifras de desempleo y crecimiento económico más arriba descritas, es, seguramente, un índice fiable para terminar de precisar el estado general de la economía del país. Porque las condiciones socioeconómicas de la población intervienen en los hábitos de vida, y estos pueden ser muy reveladores.

Según datos de la Encuesta de Desigualdades Múltiples en España realizada por la organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo española Oxfam Intermón, más de un 50% de la población del país está insatisfecha por su situación económica y, lo peor de todo, se ha visto obligada a recortar sus gastos en recursos básicos como la energía o la alimentación.

Sobre una base de más de 4.000 entrevistas, el estudio constata que el 45,7% de la población ha reducido sus gastos de electricidad, calefacción y agua debido a la inflación. Un 40 % asegura que ha tenido que comprar menos carne o pescado, y que no puede irse de vacaciones ni siquiera una semana al año. E idéntico porcentaje se ha visto obligado a renunciar a algún gasto en salud por no poder permitírselo (dentista, gafas y/o audífonos, fisioterapia, etcétera). Entre las personas que no llegan a fin de mes, la cifra roza el 70 %.

Todas estas dificultades se intensifican entre 10 y 15 puntos en el caso de las personas racializadas. En general, el 54,4% de la población está insatisfecha por su situación económica y el 42% no está contenta con su vida laboral, especialmente las mujeres (con más de 10 puntos de diferencia respecto a los hombres). Además, 1 de cada 4 personas (el 27 %) asegura que su nivel de ingresos no le permite tener una vida digna.

Casi la mitad de la población (48,2 %) asegura que habría querido seguir estudiando para tener oportunidad de mejorar su calidad de vida. "Pero la necesidad de trabajar para obtener ingresos y el coste económico de la educación fueron los principales motivos para dejarlo", se advierte en las conclusiones de la encuesta.

El "empleo de calidad", la "vivienda digna" y el acceso a la "sanidad y la educación públicas" son claves para reducir la situación de desigualdad y mejorar sus condiciones de vida, responden los encuestados, cuya mayoría señala que los impuestos son esenciales para tener servicios públicos. "Sin embargo, el 75,2 % no siente que el sistema fiscal esté repartiendo la riqueza de forma equitativa", concluyen los autores de la encuesta.