Comenzó en Nueva York el juicio contra el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022).
La Fiscalía del país norteamericano describió a Hernández, extraditado en abril de 2022, como un político corrupto que se valió de organizaciones narcotraficantes para financiar su ascenso al poder a través del Partido Nacional.
Las autoridades de EEUU acusan a JOH de "usar" a la Policía, Ejército y al sistema judicial del país centroamericano para "proteger" a narcotraficantes y hacerse millonario.
"El narcotráfico en Honduras es un tema de larga data, al menos desde la década de 1970 en adelante. Pero el problema se potencia luego del golpe de Estado de 2009 [contra Manuel Zelaya], con JOH a la cabeza de una estructura de poder vinculada al narcotráfico", dijo a En órbita, Luis Méndez, analista y documentalista hondureño.
A criterio del entrevistado, el exmandatario "permeó esta estructura para convertir al país en una narcodictadura. (...) Utilizó a las instituciones para criminalizar y perseguir a la oposición. En Honduras hay cientos de asesinatos posteriores al golpe de 2009 marcados por la impunidad".
"El proceso judicial en desarrollo en Nueva York es adverso a las intenciones de la defensa de JOH, de presentarlo como una persona inocente. Todo se encamina a que sea condenado", agregó Méndez.
"Hoy en Honduras, bajo el Gobierno de Xiomara Castro ―exesposa de Zelaya―, existe una oportunidad de refundar el sistema judicial, que ha sido acaparado por redes políticas criminales. (...) La actual gestión se ha esforzado en dar respuestas a la población en sus inquietudes", indicó el entrevistado.
Asimismo, con respecto a este proceso contra JOH en EEUU, Méndez enfatizó en la necesidad de que el propio país centroamericano pueda juzgar a sus ciudadanos acusados de cometer delitos.
En otro orden, abordamos el debate en Colombia sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Conversamos con el abogado y analista político colombiano, David Florez.
Además, este febrero Chile ha enfrentado una serie de incendios que afectaron a cerca de 14.958 hectáreas. Hubo más de 130 personas muertas y cerca de 8.000 perdieron sus viviendas o medios de vida.
Dialogamos con el diputado chileno (Partido Ecologista Verde) Félix González, quien en 2023 ―luego de los incendios de principios de año― presentó un proyecto de ley para que los municipios, en conjunto con la Corporación Nacional Forestal, obliguen a hacer cortafuegos, con el objetivo de limitar las plantaciones forestales y separarlas de centros poblados.
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