La Unión Europea podrá intervenir en la fijación de precios de la energía eléctrica en aras de rebajar sus altos costes y proteger a los consumidores de menor poder adquisitivo. El acuerdo político alcanzado el 14 de diciembre por la Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea es todavía provisional, pero prevé impulsar el desarrollo de las energías renovables mediante una reforma del mercado comunitario de la electricidad.
"La reforma tiene como objetivo hacer que los precios de la electricidad dependan menos de los precios volátiles de los combustibles fósiles", reza en el comunicado oficial del equipo de la presidencia española del Consejo de Europa, que estima que así mejorará la "protección de los consumidores" frente a los aumentos de precios.
El presidente del Gobierno español y de turno de la UE, Pedro Sánchez, calificó la noticia de "extraordinaria". En declaraciones a los medios desde Bruselas, indicó que la reforma se asienta en "la transparencia, la estabilidad de precios y también la minoración de precios".
El acuerdo apoya la creación de mecanismos para respaldar al sector de las energías renovables y para prohibir la desconexión del sistema eléctrico a los hogares más vulnerables. Tampoco se permitirá que las compañías tengan la posibilidad de poder cambiar unilateralmente los contratos de suministro. Según Pedro Sánchez, la futura reforma aumentará la competitividad de la industria europea y servirá de impulso a su economía.
Contra la volatilidad de los precios
Una de las medidas para reducir la volatilidad de los precios será la aplicación de los contratos por diferencia (CfD, por sus siglas en inglés), un instrumento que ya existía, pero que estaba infrautilizado.
"Básicamente, se trata de firmar contratos a largo plazo entre los productores de energías renovables y el Gobierno, que tiene así un mecanismo financiero para garantizar un precio fijo para la electricidad generada por fuentes de energía renovable", explica a Sputnik Juan A. Palencia, consultor independiente de desarrollo energético de autoconsumo.
"En principio, esto hace que los ingresos para los productores de energía sean más previsibles y, por lo tanto, también los precios. Pero el Estado también reembolsa a las empresas la diferencia en función del precio real, así que es una manera encubierta de subsidiar que no haya volatilidad", añade.
Lo que ahora se propone es la aplicación de los CfD no solo en las nuevas inversiones del sector renovable, sino también en el nuclear, tanto en los nuevos proyectos como en las plantas ya existentes. "Parece un guiño a Francia, que sigue apostando por la energía nuclear", señala Palencia. En cualquier caso, habrá un periodo de transición de tres años, diseñado "a fin de mantener la seguridad jurídica para los proyectos en curso", reza en el comunicado de prensa del Consejo Europeo.
Y queda por ver si los beneficios generados por los CfD podrán contribuir a una bajada de los precios, pues será decisión de cada Estado su asignación a los consumidores finales o a la reducción de los costes de producción. "Si el precio de mercado es mayor que el precio de referencia, el productor tiene que devolver la diferencia. La cuestión es saber adónde va a parar ese dinero", apunta Palencia.
¿Fin del sistema de subastas?
La reforma del mercado busca favorecer mediante incentivos los contratos a largo plazo entre productores de energías renovables y consumidores. Este es un punto importante, porque salvo el caso de Francia, la mayoría de plantas y proyectos energéticos que se han venido desarrollando en la UE son de energías limpias. "Y a largo plazo, estas plantas ya no van a cobrar en función del precio de las centrales más caras, que son las de gas, sino que van a tener un precio fijo", señala Juan A. Palencia.
"Y este precio, además de fijo, es más barato. Así que puede esperarse una bajada del precio de la electricidad, pero no a corto plazo. Y ese es el problema, que aún quedan unos cuantos años, porque el nuevo mercado echará a andar a partir de 2025 y tardará aún más tiempo en desarrollarse plenamente. De ahí que yo crea que la reforma es tímida, insuficiente", explica Palencia.
La reforma busca acabar con el sistema de subasta marginalista —una exigencia española que viene de lejos— que establece los precios en el mercado eléctrico europeo en función de la oferta y la demanda. Pero es un sistema peliagudo: en los periodos de alta demanda y poca capacidad de generación, el precio se dispara, porque se referencia a la generación más cara, que suele ser el gas, con independencia de que haya en el sistema energía proveniente de otras fuentes.
Lo que no es previsible es el fin de las subastas anuales por la capacidad de intercambio de electricidad con los países colindantes. Es decir, los ingresos que percibe España por las interconexiones de energía eléctrica con Francia y Portugal. Las cuatro subastas celebradas en las dos primeras semanas de diciembre, han arrojado como resultado que el sistema eléctrico español percibirá 79,3 millones de euros por los derechos de uso de la capacidad. Es decir, por acceder a la interconexión e intercambiar energía con el territorio vecino.
"Pero ese dinero no lo ingresa directamente el Estado. En el caso de España, la subasta la organiza Red Eléctrica, que es una compañía privada (privatizada, mejor dicho), y en la subasta participan los productores de energía, las comercializadoras, inversores, etc. En teoría, son recursos que destinan a la reducción de los costes regulados del sistema, pero es algo que no repercute en una bajada de los precios", afirma Juan A. Palencia.
Proteger al consumidor vulnerable
La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró que la estabilización del mercado sucederá"a largo plazo", pero también destacó que con la reforma del mercado se abre la posibilidad de"ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos".
El acuerdo prevé proteger a los consumidores más vulnerables con mecanismos que incluyan la prohibición de cortar el suministro eléctrico a aquellas personas que se hallen en situación de "pobreza energética", cuya definición está por resolver.
Es una medida que entronca con el propósito del Consejo de Europa y la Comisión Europea para establecer los criterios por los que se pueda declarar un estado de crisis ante un fuerte aumento de los precios, si bien habrá disposiciones especiales para evitar que tales medidas provoquen "distorsiones indebidas o la fragmentación del mercado interior".
"Esta parte es pura voluntad política, por eso, creo, es un poco difusa y no concreta nada", concluye Juan A. Palencia, que en líneas generales describe el acuerdo de reforma del mercado eléctrico como "cosmético".
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