El pasado 28 de julio terminó el juicio en un tribunal de Nueva York, EEUU, que determinó que Argentina deberá pagarle al ente financiero inglés en compensación por la forma en que el país austral decidió nacionalizar la petrolera YPF. Solo resta definir el monto, aunque el Estado argentino propone pagar 4.200 millones de dólares.
El fondo buitre Burford Capital compró el litigio que entablaron los accionistas minoritarios de la petrolera YPF contra el Estado argentino, luego de que este nacionalizara el 51% del paquete accionario en manos de la compañía española Repsol, sin haber realizado una oferta pública de adquisición de acciones.
El economista y director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lechter, explicó a Sputnik que "la dinámica del negocio llevado adelante por los fondos buitres es un esquema de especulación, en una lógica donde te compro por migajas la posibilidad de litigar".
El litigio se sustenta, para el experto, en la capacidad del fondo de "hacerlo en jurisdicciones" donde puede "elegir el juzgado" y obtener "una sentencia acorde a sus intereses".
"El mundo occidental sigue sin resolver ese tipo de cuestiones, donde básicamente todos nos escandalizamos, pero siguen existiendo", agregó Lechter.
El juzgado neoyorquino determinará el monto con que se debe indemnizar a los accionistas minoritarios de YPF, dada la forma en que se procedió con la nacionalización, indica la parte querellante, sin realizar una oferta pública de adquisición formal.
La jueza Loretta Preska debe resolver si la nacionalización de la petrolera argentina se realizó el 16 de abril de 2012, como expone la parte demandante, o a partir del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 , como sostiene la parte demandada, vale decir, el Estado argentino.
Aclarar la fecha de expropiación no es un asunto menor, ya que las acciones, desde el 16 de abril al 7 de mayo de ese año, bajaron un 25%. Asimismo, Argentina plantea que la tasa de interés sea del 0% y Burford reclama el 8%. A partir del fallo, el monto estimado a pagar por el país austral varía entre 4.900 y 16.000 millones de dólares.
De acuerdo a Lechter, dada la coyuntura económica del país y la escasez de divisas, "un fallo, por el monto que sea, no conviene, más aún con las restricciones que tenemos en Argentina respecto a los dólares. Es un doble problema".
No obstante, para el analista, dada "la relevancia que tiene la compañía", el impacto de la sentencia es relativo. "YPF le ha permitido a la Argentina el desarrollo de Vaca Muerta, una política de hidrocarburos disociada de la dinámica de precios internacionales".
El especialista refiere al estratégico yacimiento de gas y petróleo no convencional, ubicado en la provincia de Neuquén (oeste). Por ello, "si se mide los recursos y reservas que tiene YPF en Vaca Muerta, por ejemplo, estamos hablando de unos 310.000 millones de dólares. A todas luces, un gran negocio".
Desde la estatización de YPF, Vaca Muerta "produce casi el 50% del gas y 30% del petróleo en Argentina. ¿Cuánto vale eso para la política económica de un país? Eso es mucho más trascendente que multiplicar la cantidad de acciones por su valor en el mercado y ya", enfatizó Lechter.
Una sentencia "equivocada"
El experto consideró que la sentencia de la jueza Preska "es equivocada (...) porque aplica la legislación estadounidense cuando debería aplicar la legislación argentina".
"La ley de expropiación votada en el Congreso tiene un valor absolutamente superior en orden de prelación, está muy por encima del estatuto de una compañía privada, en este caso YPF", profundizó Lechter.
En tanto, dijo, "en EEUU es a la inversa, por eso los abogados argentinos insisten en que no corresponde ni siquiera la sentencia en primera instancia", que sostiene el deber de resarcir al fondo buitre.
De acuerdo con Lechter, el precedente de los fondos buitres y las restructuraciones de deuda "todavía dan margen para este tipo de arbitrariedades (...) Son mecanismos que condicionan y disciplinan a los Estados y condicionan su soberanía", acusó.
Burford Capital, fundado en 2009 en el paraíso fiscal de la isla británica de Guernsey, en el canal de la Mancha, es "un fondo que nunca quiso apostar a YPF, que no invirtió ni la ayudó, que nunca quiso que le fuera bien, le da lo mismo. Con lo cual, debería existir una legislación a nivel global que condene este tipo de prácticas", insistió Lechter.
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