Dicho amparo, que busca que las autoridades del país no interfieran en el proceso electoral, fue negado por la Corte al considerarlo innecesario, lo que generó una ola de protestas ciudadanas.
Autoridades indígenas, científicos guatemaltecos, organizaciones sociales y sindicatos, reclaman la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, y para lograrlo han organizado una movilización popular y un paro nacional. En respuesta, el Ministerio Público emitió un comunicado reiterando que no será objeto de presiones en sus investigaciones.
Carlos Menocal, analista político y de seguridad, y exministro de Gobernación de Guatemala, explica que "esta presión social, más allá de provocar una destitución de magistrados o de fiscales, me parece que lo que ha provocado es que se le baje un grado de tono a las acciones [...] contra el partido Semilla y en contra del proceso democrático".
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