Con este impuesto, el Gobierno espera poder recaudar 1350 millones de dólares, de los cuales 450 millones se repartirán entre las regiones y municipios.
En sectores de derecha se critica que la normativa debería incentivar la participación de privados en la explotación minera y no solamente poner trabas. Incluso, el diputado Christian Matheson hizo una reserva de constitucionalidad del proyecto, lo que podría retrasar la promulgación del proyecto como ley.
De acuerdo al economista chileno y profesor de la Universidad de los Andes, Juan Cristóbal Nagel, "el Gobierno está tratando de vender esto como un fin a la incertidumbre, que va a poder dar certeza para que se aceleren los proyectos de inversión en cobre".
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