Ecuador sufre los embates del crimen organizado que utiliza a menores de edad para cometer homicidios, con la finalidad de amedrentar al Estado y a las Instituciones.
El asesinato a tiros del fiscal Édgar Escobar este lunes 19 en plena calle de la ciudad de Guayaquil, mientras investigaba casos de violencia, eleva la cifra a tres operadores de la Justicia asesinados en lo que va del año.
"Ecuador pasa por una profunda crisis social y de seguridad. No hay luces de que el gobierno de Guillermo Lasso tenga claro cuál debe ser su rol y cómo abordar de manera estructural lo que está pasando", dijo a Telescopio la analista ecuatoriana Carolina Andrade, experta en Seguridad.
"Quienes intentan procesar a los narcotraficantes carecen de medidas de protección. Esto ha facilitado el accionar de los grupos delictivos, que también agreden a los ciudadanos y cooptan a los más jóvenes para ejercer la violencia extrema", destacó la ecuatoriana.
Los reclamos por mayor seguridad se registran por todo el territorio. Desde el 14 de agosto rige en Ecuador el estado de excepción luego del atentado en el sector del Cristo del Consuelo (Guayaquil), que dejó cinco muertos y 17 heridos.
"[Escobar] es el tercer fiscal asesinado en 2022. Esto demuestra que las organizaciones criminales hacen cada vez más uso de una violencia extrema contra el Estado y sus instituciones", opinó Andrade.
La experta resaltó que el presidente Lasso "ha respondido con medidas paliativas, reactivas y muy desorientadas. El estado de excepción no está funcionando".
La ciudad de Guayaquil es una de las 50 más inseguras de todo el mundo y su puerto es uno de los principales puntos de salida de cocaína desde América del Sur hacia Estados Unidos y Europa.
"Lo más triste es que se está perdiendo un tiempo valioso. No se ve una repuesta programada en lo inmediato y seguimos alimentando las motivaciones económicas y sociales de los grupos delictivos. Esto será muy difícil de revertir de la noche a la mañana frente a esta incapacidad actual de dar una repuesta", sostuvo la experta en seguridad.
En tanto, la situación económica y social en el país es delicada, agravada por la pandemia y las consecuencias de la crisis internacional y el alza en los precios.
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