El 1 de agosto el Parlamento uruguayo elegirá a los cinco integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
Las designaciones de los candidatos deben ser aprobadas por dos tercios de la Asamblea General; si no se alcanza en dos instancias, se posterga 20 días y se aprueba por mayoría simple.
El proceso de postulaciones fue cuestionado por 29 organizaciones sociales —reconocidas por la institución— debido a lo que consideran falta de transparencia.
Según afirman, la comisión especial que trabaja en el tema no divulgó aún la vía de acceso a la información completa y las entrevistas con los postulantes. "Este oscurantismo beneficia a candidatos cuyas trayectorias nada tienen que ver con los derechos humanos", señalan en un comunicado.
La senadora del opositor Frente Amplio (FA), integrante del Comité Permanente de Democracia y DDHH de la Unión Interparlamentaria, Silvia Nane, dijo que en la comisión "hay miembros que cuestionan las convenciones internacionales de derechos humanos".
Desde el FA también se cuestiona el proceso dado que varios de los postulantes fueron presentados por partidos de la coalición gobernante.
"La INDDHH es bastante nueva en el orden institucional de Uruguay, pero representa el concepto del ombudsman [Defensor del Pueblo]. Como ocurre en una democracia moderna, este concepto debe ser respetado, manteniendo la independencia del poder político de turno", dijo Nane a En órbita.
La entrevistada explicó que "en la ley se establece que los periodos de renovación de autoridades de esta institución son desfasados de los actos electorales que dan representatividad a los cargos políticos partidarios".
Entre quienes aspiran al directorio se encuentra el abogado Bernardo Legnani, postulado por el senador Guillermo Domenech del partido derechista Cabildo Abierto, liderado por el excomandante en jefe del Ejército y hoy senador Guido Manini Ríos.
"Hay senadores de Cabildo Abierto que han presentado candidatos, senadores que además han hecho apología del terrorismo de Estado. Esto va en contra de lo que tiene que ver con los organismos internacionales y con los elementos constitucionales de la defensa de los derechos humanos", señaló la integrante del Comité Permanente de Democracia y DDHH de la Unión Interparlamentaria.
Otros dos postulantes, Sergio Molaguero, y Diego Burgueño, tienen como única carta de presentación haber sido víctimas de grupos guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, indicó la entrevistada.
"La INDDHH no es un organismo político o estatal, donde el Gobierno y la oposición negocian los integrantes, lo que está bien. Pero una institución de este tipo debe ser independiente del poder político", manifestó la integrante del Comité Permanente de Democracia y DDHH de la Unión Interparlamentaria.
En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el abogado y analista político peruano Martín Manco sobre el primer año de Pedro Castillo como presidente.
Por otra parte, nos referimos al inicio en Turquía de las tareas del centro de coordinación para el tránsito de los cereales ucranianos.
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