El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció en rueda de prensa "la apertura de un control interno en el Centro Nacional de Inteligencia a petición de este mismo organismo para analizar las actuaciones y las medidas existentes, y también su aplicación a este caso".
Todo después de que un grupo de expertos en ciberseguridad canadienses revelara el uso masivo del programa espía Pegasus para acceder a los móviles de los principales representantes del independentismo catalán.
El espionaje se llevó a cabo después del referéndum independentista ilegalizado por Madrid en 2017 y afectó a unos 65 dirigentes, incluido el actual presidente de la región, Pere Aragonès.
Supuestamente, fue el CNI el que encargó este servicio de hackeo a la empresa israelí fabricante del malware, que asegura trabajar solo con gobiernos.
Control a la inteligencia
Ante el malestar que la noticia provocó entre los líderes separatistas, apenas un año después de retomar las negociaciones sobre el conflicto político en Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez prometió indagar en el asunto.
Según Bolaños, el Ejecutivo tiene previsto impulsar un ejercicio de control interno en el CNI y desclasificar documentación sobre las supuestas acciones de espionaje.
También permitirá constituir la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados, a través la cual el poder legislativo puede acceder a contenido clasificado y controlar la actividad del CNI.
En paralelo a las acciones del Gobierno, la institución del Defensor del Pueblo también pretende abrir una investigación de oficio sobre el caso de espionaje.
Así lo anunció en un comunicado donde explicó que "está analizando las informaciones sobre una eventual utilización inadecuada de las herramientas de software Pegasus que hayan podido poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los relacionados con el derecho a la privacidad".
Cataluña pide dimisiones
Para el Gobierno de Cataluña, las acciones anunciadas por Moncloa son "insuficientes e inconcretas", dijo la responsable catalana de presidencia, Laura Vilagrà.
Los líderes catalanes piden responsabilidades por el espionaje masivo, que afectó a miembros del Ejecutivo regional, líderes de los partidos, eurodiputados catalanes (incluyendo el expresidente Carles Puigdemont) y varias personas de su entorno como familiares, abogados y asistentes.
"No queremos auditorías técnicas ni excusas, exigimos una reacción a la altura de la gravedad de esta vulneración de derechos", subrayó Vilagrà.
El presidente de Cataluña aseguró en una entrevista para el diario El País que la confianza entre los dos gobiernos está "bajo mínimos" y reclamó a Sánchez una "depuración de responsabilidades" por "el caso de espionaje masivo más importante de la democracia" en España.
Los independentistas también están convencidos de que el Gobierno español tenía algún grado de conocimiento sobre el hackeo a sus móviles, ya que el acceso a los terminales se produjo en momentos de gran tensión en la región.
"No es solo cuestión de los independentistas, sino de todos aquellos que creen que los derechos fundamentales de la ciudadanía deben ser protegidos y preservados", sostuvo Aragonès.
De momento, el Ejecutivo afirma tener la conciencia tranquila y nada que ocultar en un asunto que cuestiona directamente la calidad democrática del país, mientras que en Cataluña recuerdan como el vicepresidente Narcís Serra tuvo que dimitir en 1995 por un controvertido caso de escuchas ilegales en la inteligencia española.
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