La crisis carcelaria en Ecuador se profundiza. Solo en el año 2021, más de 300 personas fueron brutalmente asesinadas durante enfrentamientos entre grupos rivales las prisiones.
"Es una crisis estructural por el abandono del sistema penitenciario", dijo a Telescopio la analista ecuatoriana Carolina Andrade, experta en seguridad e inteligencia.
A criterio de la entrevistada, "se sabe que de la mayoría de las personas fallecidas, 70% no tenía juicios condenatorios".
La experta señaló que todo "está vinculado a las decisiones tomadas en materia de políticas públicas de rehabilitación social y políticas de seguridad integral".
Andrade destacó que hubo "una reestructuración del sector seguridad, eliminando por ejemplo el Ministerio de Justicia, entidad encargada de gestionar los centros de rehabilitación social".
"Las decisiones del Gobierno caminan muy lentamente, se hacen anuncios muy reactivos y no se trabaja sobre la prevención. (…) Hay que trabajar en una intervención integral junto a poblaciones de alta vulnerabilidad", agregó.
Las condiciones de hacinamiento, la falta de infraestructura y de presupuesto son algunos de los principales problemas a los que se enfrenta el sistema carcelario en el país sudamericano.
La lentitud de los trámites judiciales también contribuye a profundizar la crisis, así como la falta de personal.
"Disminuyeron los equipamientos tecnológicos para realizar los controles de seguridad en los ingresos. No hay capacidad de inteligencia penitenciaria para recabar información y no existe un grupo técnico fortalecido de guías penitenciarios que permitan acompañar el trabajo de la Policía", detalló.
El 16 de diciembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso creó la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación. La integran representantes de la sociedad civil, la Iglesia, la Academia y expertos nacionales e internacionales en derechos humanos.
La Comisión tiene como encargo diseñar estrategias, planes, programas y proyectos para fortalecer el sistema de rehabilitación social.
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