"Aquellas personas que intentaron entrar en el territorio de la República Popular de Lugansk, contra muchas de ellas los militares ucranianos dispararon con ametralladoras, nosotros nos comunicamos con esas personas. Se trata de un veto absoluto", dijo la comisionada.
Según la defensora de los derechos humanos, las tropas ucranianas "tienen algún tipo de orden de mantener a los civiles en esos territorios y, lógicamente, todo su equipamiento y los vehículos en los que se trasladan se encuentra en barrios residenciales".
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero pasado una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.
Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.
Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

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