La llegada a la presidencia catalana del moderado Pere Aragonès y los indultos a los líderes condenados por el referéndum de 2017 contribuyeron a una desescalada de tensión en las relaciones entre los dos ejecutivos.
Sin la rebeldía que caracterizó el liderazgo del expresidente Carles Puigdemont y con una sociedad catalana centrada en las urgencias actuales —la pandemia y la economía—, atrás quedan las multitudes de independentistas que llenaban las calles en 2019.
No obstante, y pese a los acercamientos, el gobierno de Aragonès sigue sin renunciar al principal objetivo del movimiento: un referéndum de autodeterminación sobre el estatus de Cataluña dentro de España.
Aragonès, independentista pragmático
Cataluña comenzó el año 2021 marcada por la interinidad de su gobierno después de que el destituido Quim Torra se negara a elegir a un candidato a sucesor.
Los comicios autonómicos se celebraron finalmente el 14 de febrero, entre gran incertidumbre por el coronavirus, y concluyeron sin un claro vencedor en la región liderada por independentistas.
Aunque las elecciones dieron la victoria en votos al exministro de Sanidad español Salvador Illa, del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), no fue suficiente para vencer al bloque formado por las fuerzas partidarias de la separación de España.
La formación izquierdista Esquerra Republicana (ERC), el partido de centroderecha Junts per Catalunya y la minoritaria anticapitalista CUP sumaron 74 diputados en la Cámara regional, cuatro más que en 2017.
27 de diciembre 2021, 05:00 GMT
Tras meses de disputas y dos investiduras fallidas, a finales de mayo ERC y Junts per Catalunya acordaron investir al hasta entonces vicepresidente y líder interino, Pere Aragonès.
A sus 38 años, el dirigente de ERC supuso un giro moderado de las aspiraciones separatistas: partidario del diálogo con España, rápidamente descartó la vía rebelde que habían protagonizado sus más radicales predecesores, Quim Torra y Carles Puigdemont.
No hay que engañarse, el referéndum de autodeterminación para lograr la independencia sigue siendo una reivindicación prioritaria para Aragonès, a quién no intimida que Pedro Sánchez no esté dispuesto a ceder en la materia.
Así lo afirmó en su discurso de investidura: "Es mi obsesión superar el bloqueo actual y resolver de una vez el conflicto político entre Cataluña y el Estado español. (...) Quiero hacer como Escocia, y me gustaría que el Estado español supiera hacer como el Reino Unido en 2014: hacer posible un referéndum, y nosotros, los independentistas, trabajaremos desde el primer día para ganarlo".
Los indultos de la concordia
Si la llegada de Aragonès a la presidencia catalana auguraba un importante cambio en las relaciones entre España y Cataluña, el punto de inflexión fue el indulto concedido a los nueve líderes del proceso independentista de 2017, que cumplían penas de entre 9 y 13 años de cárcel.
Entre los afectados por la medida estaban importantes figuras del movimiento separatista, como el exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart —a los que Amnistía Internacional venía reclamando liberar— y la expresidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell.
"Con esta acción queremos abrir una nueva etapa de diálogo y reencuentro", manifestó Pedro Sánchez tras aprobar la medida de gracia, que calificó de "la mejor decisión para Cataluña y para el conjunto de España".
Inmutable ante los ataques a la yugular de la oposición, el presidente español se mostró firme en su apuesta por cambiar la dinámica de relaciones con Cataluña, que fue vista como un gesto valiente aunque arriesgado.
Pero los indultos no exigen a los condenados cambiar sus ideas, algo que no tienen intención de hacer, tal como dejaron claro en sus declaraciones después de pasar tres años y medio entre rejas.
"Que nadie se equivoque, la represión no nos ha vencido y no nos vencerá", afirmó Cuixart, presidente de la entidad Òmnium Cultural, que afirmó que su salida de prisión se daba "por la presión de Europa y por la presión del pueblo catalán" a España.
Vuelve el diálogo
Para que el conflicto se alejara de los tribunales, los políticos españoles y catalanes tenían claro que debían volver a sentarse en torno a la famosa mesa de diálogo que pactaron el PSOE y ERC para investir a Sánchez en 2020.
En una simbólica reunión en Madrid a finales de junio, los presidentes de España y Cataluña acordaron restablecer el mecanismo que había quedado congelado por la pandemia para acometer de una vez el conflicto sobre la independencia.
La esperada mesa volvió a andar en septiembre con consenso entre las dos partes sobre la necesidad de encontrar soluciones a una disputa política de más de una década, aunque con pocos avances.
El principal escollo en la negociación es la serie de exigencias de los independentistas que a priori constituyen una línea roja para el Ejecutivo español.
"Nunca habrá referéndum de autodeterminación", reiteraba Sánchez en el Congreso de los Diputados a finales de junio, confirmando que el diálogo con los catalanes se enfrenta a obstáculos por ahora insalvables.
Según una encuesta del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) de Cataluña correspondiente a 2021, 2 de cada 3 catalanes (el 66,5%) se muestran favorables a que haya un pacto para votar sobre el futuro político de la región dentro de España.
En cuanto a la independencia, el apoyo es menor, con un 52,9% a favor de seguir siendo un territorio español frente al 39,4% que aspira a un estado independiente.
La misma encuesta reveló el pesimismo de los catalanes con respecto al diálogo entre Madrid y Barcelona: más de la mitad (el 56%) desconfía de que los dos ejecutivos lleguen a un acuerdo.
La guerra de Puigdemont en Europa
Mientras en España se escenifica un amago de reconciliación, el principal actor del independentismo en el extranjero, Carles Puigdemont, sigue avivando la polémica desde su autodenominado "exilio" en Bélgica.
Los cimientos del diálogo iniciado en septiembre temblaron con la detención en Italia del que fue el máximo responsable del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017.
Puigdemont quedó en libertad, pero el fantasma de la extradición sigue planeando sobre el expresidente catalán y eurodiputado, que desde hace cuatro años reside en la localidad belga de Waterloo.
Desde la localidad italiana de Alghero, donde estuvo retenido, el líder catalán acusó directamente a España de haber "coordinado e inspirado" una operación para arrestarle en el extranjero, a través del Tribunal Supremo que lo reclama por delitos de sedición y malversación.
Tanto ERC como el Gobierno español se apresuraron a desvincular el arresto de la negociación política, dejando que la polémica salpicara a la Justicia.
El recién indultado Junqueras, ex número dos del Gobierno catalán en 2017, se mostró partidario de continuar las conversaciones, mientras que Aragonès y Sánchez insistieron en la importancia de mantener la mesa.
El problema es que la influencia de Puigdemont se extiende a Barcelona, donde los miembros de su partido, Junts, siguen presionando a Aragonès dentro el Ejecutivo para mantener el desafío ante España.
Así lo evidenció la tramitación de los presupuestos de Cataluña, que obligó a ERC a buscar apoyos fuera de los partidos independentistas y, a día de hoy, sigue en el aire por bloqueo de Junts.
En este punto, el 52% de votos independentistas obtenidos en las urnas en febrero no garantiza la supervivencia de una coalición que ya fracasó a principios de 2020, durante la legislatura de Quim Torra.
Aragonès busca estabilidad en su Gobierno, y en el próximo año de legislatura deberá demostrar si acertó con su estrategia de diálogo con España, frente a la desobediencia por la que siguen apostando los de Puigdemont.