Bruselas –cuyas medidas antirrusas limitan el acceso de Moscú al mercado financiero de la UE y sus tecnologías, entre otros efectos nefastos para la parte rusa– no logra ocultar su indignación ante las políticas del Kremlin que vienen reduciendo progresivamente las posibilidades del acceso extranjero a las licitaciones públicas.
Solamente en 2019, según las autoridades comunitarias, las empresas estatales de Rusia convocaron licitaciones por valor de 23,5 billones de rublos, unos 290.000 millones de euros al cambio actual, lo que equivale al 21% del PIB del país. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comentó al respecto que la UE está pagando por "la estupidez y la falta de autonomía" de sus élites políticas que, en detrimento propio, cedieron a la presión de Washington, sumándose a sus sanciones contra Moscú.
En declaraciones a Octavo Mandamiento, Ana Myriam Camacho, experta española en el tema de sanciones internacionales y el comercio internacional, constató que el primero en disparar fue la UE, cuyas medidas restrictivas impuestas a Rusia son "discriminatorias" y contradicen los principios "dentro de lo que es la OMC", es decir, "un comercio sin discriminaciones".