Este viernes 17 la Cámara de Diputados de Argentina rechazó el proyecto de ley de presupuesto para 2022 presentado por el Gobierno de Alberto Fernández. El plan presupuestal del Ejecutivo obtuvo 132 votos en contra y 121 a favor, luego de 20 horas de debate.
"Al Gobierno no creo que le perjudique sustancialmente la aprobación del presupuesto porque lo que van a hacer ahora es prorrogar el presupuesto"—dado que la administración puede enviar un nuevo proyecto o prorrogar el de este año—, sostuvo a En Órbita el analista Enrique Zuleta Puceiro pues esto le permitirá mantener facultades especiales contempladas en el presupuesto anterior.
En particular, se trata del impuesto a las ganancias, los impuestos de los bienes en el exterior, las retenciones, entre otros.
“Son sobre todo facultades discrecionales que están en el presupuesto anterior y que la oposición estaba interesada en que en el nuevo presupuesto no estuvieran plasmadas", dijo.
La votación generó una gran tensión entre el oficialismo y la oposición: “Endeudaron al país en 44.000 millones de dólares y hoy no votan el Presupuesto”, apuntó la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Cristina Álvarez Rodríguez, mientras que desde la oposición se calificó al gobierno de "cerrado al diálogo".
El proyecto planteaba un crecimiento del 4% del PBI y una meta de 33% de inflación, lo que fue considerado “poco creíble” por la oposición.
A pesar de negociaciones previas que auguraban la aprobación del acuerdo, el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, llamó a votar el proyecto en la sesión, votación que culminó en el rechazo del presupuesto.
Para Zuleta Puceiro, esta negativa sí afectará las negociaciones que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional, lo que "es un aspecto preocupante que se suma a los muchos otros aspectos que implican el riesgo país que tiene la Argentina" agregó.
En tanto, en Colombia, tres coroneles del Ejército colombiano comparecerán ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por negar su responsabilidad ante casos de “falsos positivos”—al involucramiento de miembros del Ejército en el asesinato de civiles entre 2002 y 2006, haciéndolos pasar como bajas del conflicto interno—.
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