"Desde el Gobierno de España siempre respetamos su trabajo entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar el derecho de manifestación de los trabajadores pero también el orden público en las zonas que se puedan ver afectadas", dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Estas palabras llegan en un momento de recrudecimiento de la tensión en Cádiz, donde este 23 de noviembre se produjeron nuevos enfrentamientos entre los trabajadores y la Policía, con cargas que incluyeron el uso de proyectiles de goma y gases lacrimógenos.
La actuación del Ministerio del Interior está siendo muy criticada por parte de los sindicatos y autoridades locales, sobre todo tras la decisión de desplegar una tanqueta –un Blindado Medio sobre Ruedas (BMR) que pertenecía al Ejército de Tierra– para aplacar la protesta.
"Estamos impresionados de la brutalidad de las fuerzas del Estado", denunció este 23 de noviembre el alcalde de Cádiz, José María Martínez Kichi.
Por su parte, la Unión General de Trabajadores calificó este 23 de noviembre como una "vergüenza" el uso de material militar contra trabajadores como si se tratase de "terroristas".
Además, según informan distintos medios, el uso del blindado generó reproches a nivel interno en el Gobierno de España, llevando a la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) a trasladar su malestar a sus socios del Partido Socialista y más concretamente al Ministerio del Interior.
Pese a estas críticas, la portavoz del Ejecutivo manifestó este 23 de noviembre la "confianza siempre del Gobierno en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
22 de noviembre 2021, 12:40 GMT
No obstante, también aprovechó para manifestar su "absoluta sensibilidad" con el conjunto de los trabajadores en huelga.
Unos 25.000 trabajadores de la bahía de Cádiz de empresas como Airbus, Navantia, Alestis, Acerinox o Dragados llevan ya ocho días de huelga indefinida en un intento por conseguir un nuevo convenio laboral que, entre otras cosas, les blinde los pluses por peligrosidad y les asegure no perder poder adquisitivo ante el avance de los precios.
Hasta el momento, la patronal se negó a acceder a esas reivindicaciones bajo la premisa de que hacerlo pondría en riesgo su viabilidad económica.