¿Terapia balsámica o droga perniciosa? El cannabis siempre ha estado en un limbo. Sus detractores lo consideran un peligro social. Quienes la respaldan, una planta con ciertas propiedades positivas. Lo seguro es que, al contrario de otras sustancias ilegales como la cocaína o la heroína, el debate en torno a su posible regularización va y viene en la política internacional. Algunos países ya han dado en los últimos años un paso adelante: Uruguay, Canadá o algunos estados de Estados Unidos han firmado a favor de una producción, distribución y consumo bajo parámetros legales. Y en Europa se escucha el eco de estos ejemplos en Luxemburgo o Portugal.
En España la situación es diferente. El tráfico está penado, así como el consumo en vía pública. Pero hay lagunas en cuanto al cultivo o a la posesión en asociaciones o círculos privados. Ahora, después de algún conato puntual de auparlo a la esfera gubernamental, se han presentado tres proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados. Más País en primera instancia, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) después, han empuñado la lanza. Con enfoques distintos y algunos puntos divergentes, las tres formaciones coinciden en puntos clave como su uso terapéutico y su limitación a menores de edad.
La carta está sobre la mesa del hemiciclo. Y es una carta sin trucar, pero con un alto valor: en su barómetro de abril, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) exponía que el 90,1% de los españoles apoyaba la legalización del cannabis medicinal y el 49,7% apoyaría su uso recreacional. Datos que reflejan un palpitar social que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Del estigma a la aceptación, los ciudadanos han modificado su concepción de esta planta. Denominada de diferentes maneras —mota, ganja, hierba, cogollo— esta sustancia está en el punto de mira desde la antigüedad.
"Quizás sea la droga más incomprendida de la humanidad", escribe Cody Johnson en el libro Medicina Sagrada. Un viaje por la historia de las tradiciones y de las plantas maestras (Errata Naturae). Según explica el experto, el cannabis es el cuarto "embriagante" más consumido en el mundo, por detrás del alcohol, el tabaco y la cafeína. "Sin embargo, sigue estando prohibido en la mayor parte del mundo", alega, definiendo al género con lo relacionado con las cannabáceas. Una familia que se divide en tres especies —sativa, indica y ruderalis— con concentraciones distintas tanto de tetrahidrocannabinol (THC) o cannabinol (CBD), responsables de los efectos psicodélicos o calmantes.
Dependiendo de la cantidad de estos elementos, se puede o no comercializar. Y aporta determinadas propiedades en casos de dolor crónico o enfermedades como la epilepsia. Además, las fibras del cáñamo se pueden utilizar como materia prima para el textil. Las voces opuestas señalan la posible adicción (entre el 7% y el 10% de quienes lo han probado y uno de cada tres para los reincidentes) y sus perjuicios para la salud: si se fuma, puede provocar bronquitis crónica, enfisema pulmonar o cáncer de pulmón, como el tabaco. Además, esgrime el Ministerio de Sanidad en su Plan Nacional sobre Drogas, altera el sistema cardio-circulatorio y, "en personas con predisposición a padecer trastornos mentales, puede propiciar la aparición de estos o agravar los que ya se padecen". También advierten de sus consecuencias secundarias, como accidentes de tráfico o cambios de conducta.
Sin obviar estos daños, los partidos han presentado sus respectivas propuestas más como un asunto real que abordar que como una incitación. "El consumo ya es un hecho y no se puede hacer política sanitaria con actividades que se realizan en la clandestinidad", alegó el líder de Más País, Íñigo Errejón, cuya iniciativa no salió adelante por la oposición de casi todo el arco parlamentario. Pretendía el diputado reconocer el valor "universal, cultural, sociológico, lúdico, recreativo, medicinal, comercial e industrial de la planta cannabis sativa L en todas sus variedades" y determinar qué cantidad estaría permitida cultivar y portar individualmente. Su "proyecto estrella", argumentaba, crearía hasta 100.000 empleos directos y una recaudación de 3.300 millones de euros anuales.
Unidas Podemos y ERC tomaron el guante de esta reforma. Ambos registraron proposiciones parecidas: dependiendo del texto, se incide más, a grandes rasgos, en su carácter médico, en la manera de consumirlo o de producirlo, en el método de fiscalización y en los establecimientos autorizados para la venta. Los matices de cada documento no eluden el tema principal: el órdago a los responsables del Gobierno y a la oposición (después de la vivienda o la reforma laboral) sobre algo cuya presencia en la calle es habitual y que se oculta en los despachos oficiales. Tema por el que clubes cannábicos, ciertos letrados y otros partidos minoritarios llevan peleando años y ahora observan con ilusión y cautela.
"Vamos tarde, pero es un gran paso, un avance", opina Sergio González, fundador de la Asociación Nuestra Señora del agua en Zaragoza. "Ahora es un momento clave. Si llegamos ya, llegamos en punto. Sería un cambio maravilloso para España", afirma este consumidor a Sputnik. Su percepción es que saldríamos todos beneficiados. Unos por el descenso de mercado negro y el incremento de impuestos y otros por la "seguridad jurídica". "Ahora no es legal, pero tampoco está perseguida. Y la percepción general es positiva", arguye el fundador de una organización con el cannabis como núcleo de unión.
"El problema", justifica Bernardo Soriano a Sputnik, "es que no hay una ley". Responsable de S&F Abogados, portavoz de Regulación Responsable con años de batalla a la espalda y asesoramiento a distintos partidos para producir un cambio en las políticas sobre el cannabis, Soriano apunta que lo único "estrictamente regulado" a ojos de la administración es la investigación y producción de cannabis con fines médicos y la producción de cáñamo industrial con el fin de producir fibra, grano o semillas. Se sanciona la tenencia y el consumo (con multas desde los 600 hasta los 10.000 euros), el tráfico se considera delito y está penado con penas de prisión de uno a tres años, pero "existe una arbitrariedad importante".
"Debido a que no hay establecida una cantidad a partir de la cual se considere delito, habiendo condenas por 200 gramos y absoluciones por dos kilogramos según el criterio interpretativo de cada juez, lo que genera inseguridad jurídica", razona el letrado.
Para Soriano, la propuesta de ERC plantea un marco general y el inconveniente es que puede convertirse en una ramificación de 17 normativas distintas en función de cada comunidad autónoma. La de Más País plantea la regulación del autocultivo y los Clubes Sociales de Cannabis y prevé la de un sistema de licencias. Y la de Unidas Podemos es la más completa y "ambiciosa", incluyendo —además de lo que se contempla en la de Más País y la de ERC— un sistema de licencias completo, si bien no regula el cannabis medicinal que entiende se debe regular en una ley distinta. "La sociedad está preparada, mucho más que nuestros políticos para regular, aunque 60 años de prohibición hayan creado mucho estigma", resume el abogado.
"En cualquier caso, es un sueño tener tres propuestas después de lo trabajado", confiesa, "y somos optimistas. Si me dicen hace unos meses que en octubre de 2021 iban a hablar del cannabis en el Congreso, pensaría que era una locura".
Guillermo Velasco, profesor del departamento de bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Observatorio Español de Cannabis Medicinal coincide en la "tolerancia" de la gente y en la "incertidumbre" a la hora de consumir. "Se empieza a mover. Nuestra postura es que se regule cuanto antes en un país en el que, por desgracia, se consume mucho", anota a Spuntik. "Cada vez está más aceptado. Y, a pesar de sus contraindicaciones, todavía no ha provocado una catástrofe o una pandemia como la de los opiáceos", argumenta, enfatizando el beneficio para pacientes a los que ayuda la planta: "No pueden ir a comprar a ningún sitio e ignoran el origen y las propiedades".
"No solo se beneficiarían, sino que se acabarían los obstáculos asociados a quienes la usan de remedio y al resto", añade Paco Mascaraque, del partido Luz Verde o "cannábico", la primera formación política cuyo programa electoral se centraba en esta droga. "Todos hablaban de una ley, pero nada. Valoramos que se proponga ahora, pero no es ni más ni menos que hacer su trabajo, se les pague porque legislen y esto ya iba a caer por su propio peso", concede a Sputnik. Posicionarse en contra, sostiene, no es prohibicionista, "es retrógrado". "La sociedad española es muy hipócrita: tiende a llamar drogadicto a quien toma una droga diferente a la suya", sentencia.
Antonio Escohotado, pensador y profesional de las sustancias psicodélicas, razona en su célebre libro Aprendiendo de las drogas que "la marihuana, como fármaco recreativo, tiene pocos iguales". "Promociona actitudes lúdicas, a la vez que formas de ahondar la comunicación, y todo ello dentro de disposiciones desinhibidoras especiales donde no se produce ni el derrumbamiento de la autocrítica (al estilo de la borrachera etílica) ni la sobreexcitación derivada de estimulantes muy activos", describe. Otros, en otro bando, la acusan del derrumbe de la civilización. La polémica ya existía, faltaba el debate. Y ya está servido: ¿Estupefaciente criminal o mata divina?