Entre las promesas formuladas por el presidente Pedro Sánchez el 17 de octubre durante la celebración del 40º Congreso Federal del PSOE figuró la abolición de la prostitución que "esclaviza a las mujeres en nuestro país" y el impulso de una ley integral que incluya medidas para sancionar a los clientes. Esa futura ley, dijo, deberá "proteger y atender a las víctimas, sancionar a los prostituidores y proxenetas, y castigar todo tipo de proxenetismo".
Según se consignó en la ponencia marco, la ley contemplará medidas concretas de sanción a los clientes, así como la recuperación de la figura penal de la tercería locativa, que afecta a todo negocio cuyo objetivo directo o indirecto sea la prostitución sexual ajena. Su acción podrá complementarse con normativas a nivel local, como las ordenanzas municipales. En España, donde los prostíbulos en principio son ilegales, la prostitución se halla en una especie de limbo jurídico, una situación de alegalidad caracterizada por que la actividad en sí no es ilegal, aunque no está regulada.
El enfoque sobre esta problemática es muy diverso en Europa y el mundo, donde prevalecen varios modelos en función de si se prima la industria, se ofrece un mayor o menor grado de protección social o se reconoce el estatus de trabajadora sexual con derechos y deberes ante el fisco. No hay cifras concretas en España, donde se hacen estimaciones aproximadas basadas en cálculos de la Guardia Civil sobre los datos de trata de blancas, y del número de camas y reservados en clubs de alterne, explica a Sputnik Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma por la Abolición de la Prostitución (PAP). "Hace tiempo se hablaba de 300.000 mujeres, pero es difícil de cuantificar".
El mapa europeo de la prostitución
La normativa de cada país revela un mapa geográfico europeo que abarca desde la regulación total hasta la prohibición de la actividad. Países Bajos, Alemania, Suiza, Austria, Grecia y Turquía conforman el grupo de Estados donde la prostitución es legal, incluidos los prostíbulos. En Hungría y Letonia la actividad está igualmente regulada, pero no se permiten los burdeles.
En el otro extremo cabe diferenciar dos modalidades. Hay países donde la prostitución está prohibida, pero no se sanciona a sus usuarios. Es el caso de Rumanía, Croacia, Serbia, el territorio de Kosovo, Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Rusia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. Y hay otros países, como Irlanda, Islandia, Francia, Noruega y Suecia, donde prostituirse es legal, pero ser cliente es ilegal.
España se encuadra en el grupo de países que no autorizan los prostíbulos ni regulan la prostitución, cuyo ejercicio es sin embargo legal, situación en la que la acompañan Portugal, Reino Unido, Bélgica, Italia, Eslovenia, Polonia, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Finlandia y Chipre.
Los diversos modelos
En los países en los que la prostitución está regularizada se aplican diferentes modelos. En Suecia, se penaliza a los usuarios y prima un enfoque asistencial. Se parte de la idea de que la prostitución es un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres, idea que se inculca mediante políticas públicas de educación en igualdad y de capacitación entre el funcionariado. Y se aprovisionan fondos para dotar económicamente los servicios sociales encargados de atender a las mujeres que deseen dejar de prostituirse.
"Suecia creó su modelo en 1999 desde una perspectiva de igualdad y está ideado para acabar con el sistema prostitucional", explica a Sputnik Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma por la Abolición de la Prostitución (PAP), que refiere como "puteros, prostituidores o prostituyentes" a quien acude a los servicios de las meretrices. "No los llamamos clientes porque es dulcificar las prácticas que realizan".
"En Suecia existe una conciencia ciudadana que contempla el consumo sexual de mujeres por precio como una práctica violenta. Allí ha disminuido el número de prostitutas y los traficantes saben que es un lugar peligroso".
El modelo alemán presenta un perfil industrial, a tenor de las cifras que mueve. En Alemania se regularizó el ejercicio de la prostitución en 2002 mediante una legislación que equipara la actividad con cualquier otro trabajo, en teoría buscando alejar a las prostitutas de los proxenetas y el comercio sexual que detentaban. Es decir, quien ejerce la prostitución paga impuestos, cotiza a la Seguridad Social para su pensión y se beneficia de un seguro médico. Desde entonces se estima que esta industria factura unos 22.000 millones de dólares anuales. Existen unos 3.500 burdeles registrados y el número de prostitutas ha llegado a alcanzar las 400.000.
Pero este sistema presenta fallas. Hay empresas que ofrecen tours guiados por los burdeles de Berlín, donde el barrio rojo está dominado por bandas criminales y los proxenetas escapan a la ley alquilando las habitaciones de los hoteles. "Sólo un 1% de las mujeres prostituidas se han acogido a la regulación en Alemania", asegura Carracedo. "No es un modelo que dé derechos, es un modelo que permite un mayor desarrollo de la explotación sexual a través del proxenetismo. Alemania en estos momentos es el gran burdel de Europa. El de España está en la frontera con Francia, en La Junquera".
La cuestión de la trata
En Holanda la prostitución es legal desde 2000 y representa un modelo de reglamentación de la prostitución que también mueve mucho dinero. En algunos momentos, como en 2014, el porcentaje que representaba en el PIB (el 0,4%, unos 2.500 millones de euros) superaba al de la industria quesera. En 2000 se legalizaron los burdeles mientras se endurecía la ley contra el abuso sexual y la protección de menores.
Las prostitutas están obligadas a pagar impuestos y tener seguro médico privado, y sus licencias las conceden las autoridades municipales. Pero solo un porcentaje ínfimo se registran como tales, entre el 5% y el 10%. Y los estudios de los últimos años constatan que las condiciones de vida de las prostitutas, que además siguen estando estigmatizadas socialmente, son menos saludables que las del resto de la población. "La trata tiene un gran impacto en Holanda y Alemania, lo dice el informe de la UNODC [Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito], sostiene Carracedo, que señala a la trata como la forma de "abastecer" el mercado de la prostitución. Se estima que hasta dos tercios de las prostitutas de Holanda son extranjeras.
El caso de Nueva Zelanda
En este país a las personas que se prostituyen se las categoriza como trabajadoras. La legislación facilita que se autogestionen en pequeños burdeles y también obliga a los empleadores a cumplir varias reglamentaciones. Se busca dotar de derechos a quien opere en la autogestión.
El modelo neozelandés es en el que se mira la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), sindicato creado en 2018 cuya acción fue finalmente validada en junio de 2021 por el Tribunal Supremo (TS), cuando reconoció el derecho a sindicarse para quienes se prostituyan por cuenta propia. "Nos miramos en él directamente, pero mejorándolo, porque allí solo se permite ejercer la prostitución a las mujeres autóctonas y no a las migrantes", declara a Sputnik su secretaria general, Conxa Borrell, que aboga por una variante más. "En España hay muchas mujeres migrantes ejerciendo la prostitución y que quieren seguir ejerciéndola".
"No nos interesa mirar a los modelos de Europa, porque lo que hacen es proteger los intereses del empresario y a nosotras nos interesa proteger los de las trabajadoras".
La postura de OTRAS es concluyente. "Si lo mejor que podemos hacer para trabajar es ejercer la prostitución, tenemos el derecho de hacerlo libremente", insiste Borrell. En su opinión, el Estado debería legislar para favorecer una contratación reglamentada, "para que las trabajadoras tengan cobertura social".
La postura abolicionista
"La prostitución es una forma de violencia que tenemos que tener muy presente y por eso nos declaramos abolicionistas", declaran a Sputnik en la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a las Mujeres (CIMTM), organización adscrita a la PAP y que trabaja por la "erradicación de la violencia hacia las mujeres en todas sus formas".
La CIMTM y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla demandaron en noviembre de 2018 ante la Audiencia Nacional la nulidad del acta constitucional de OTRAS y sus estatutos. La Audiencia satisfizo la demanda y el sindicato recurrió ante el TS. Este le dio la razón, si bien no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de la prostitución.
"Los sindicatos defienden los derechos de las trabajadoras y la prostitución no es un trabajo, por tanto no puede ser sindicable", mantienen en la CIMTM. Rosario Carracedo, que fue la abogada que presentó en su día la demanda ante la Audiencia Nacional, matiza que el TS dictaminó que el ejercicio de la prostitución no puede ser objeto de un contrato. "Así que en su recurso plantearon que la prostitución no se refería al ámbito funcional de actuación de su sindicato, sino a otros trabajos sexuales, como los teléfonos eróticos, bailes desnudas, etcétera".
Para la PAP el abolicionismo no es prohibición, porque esta última "representa un modelo en el que la mujer prostituida es sancionada penalmente". La abolición implica la desaparición de la actividad y del negocio derivado de ella. A tal fin, en 2021 la PAP presentó al Gobierno una propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), uno de cuyos ejes principales, explica Carracedo, abarca "la reparación integral de las víctimas de la prostitución" y la posibilidad de acogerse a "programas de reinserción laboral, ayudas sociales y una renta activa de inserción".
Choque de posiciones
La idea de abolir la prostitución choca con los intereses de OTRAS. "No se puede decidir sobre el futuro de unas mujeres que, según nuestras propias estadísticas, en su mayoría quieren seguir ejerciendo la prostitución", asegura Conxa Borrell. "Hay que recordar", continúa, "que la abolición tiene una máxima muy clara: no nos gusta el trabajo que hacéis, pero mientras lo hagáis, estaremos aquí para defender vuestros derechos".
"La PAP no es abolicionista, es prohibicionista. No acepta que muchas de las mujeres que conformamos nuestro sindicato nos ganemos la vida con el ejercicio de la prostitución. Y no he leído ninguna teoría feminista que diga que ellas pueden decidir por nosotras".
En la PAP sostienen que, en general, las dificultades en asumir el discurso abolicionista se deben a la prevalencia de la ideología neoliberal. "Porque autoriza el uso sexual de las mujeres por precio. Y esa tolerancia se transmite al imaginario colectivo, a la cultura y a multitud de comportamientos sociales", afirma Carracedo. Según Naciones Unidas, hasta el 39% de los españoles ha pagado alguna vez por sexo. Sin embargo, según su ideario, OTRAS se considera una organización "adscrita a la corriente del feminismo interseccional y anticapitalista".
"Existe una gran relación entre las organizaciones pro-prostitución y el proxenetismo. Aquí, en Alemania, en Holanda, etc. Estas posiciones son contrarias a la igualdad, por tanto antifeministas. Están en un concepto donde se reclama una forma de supervivencia para las mujeres que es contraria al principio de igualdad entre hombres y mujeres. Nosotras defendemos mecanismos que desactiven el sistema prostitucional".
La promesa del Gobierno
Durante el 40º Congreso Federal del PSOE Sánchez expresó su compromiso. Pero la idea también sonó en el 39º Congreso, en 2017, y más adelante. Y en el cónclave de 1976 este partido ya adoptó varias resoluciones en este sentido. En los Ministerios de Igualdad y Justicia se trabaja en un anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, donde figuran medidas orientadas a sancionar penalmente a los locales en los que se ejerza la prostitución.
La asunción de las promesas anunciadas por Sánchez es dispar. En la CIMTM afirman tener la esperanza de que "en fecha muy próxima" se hagan realidad. "Llevamos muchos años insistiendo en este ámbito y ya hemos presentado en ocasiones anteriores propuestas para que se desarrolle una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional en España", afirma su portavoz. En la PAP no son tan optimistas. "Es solo un titular de prensa", advierte Carracedo, que subraya su desconfianza. "Hace ya 10 meses que le presentamos el texto completo y no tenemos respuesta, las feministas ya no nos creemos lo que nos dice Sánchez", subraya, recalcando la sospecha de que "no habrá más iniciativas parlamentarias" una vez se aprueben los presupuestos.
"Antes de hablar de abolición, habría que saber qué va a hacer con las mujeres que están ejerciendo la prostitución en este país", repone Borrell, quien resta credibilidad al anuncio de Sánchez y lo asocia a un momento de euforia como los de cualquier campaña electoral. "¿De qué vamos a comer? Nunca nos ha contado sus planes al respecto", concluye.