"Hay en concreto cinco casos que han sido llevados al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que ya fueron repatriados. Por lo tanto, España va a ser sometida a un procedimiento ante el Comité, que podría determinar que efectivamente se ha producido una violación de la Convención con esas expulsiones", explicó en una entrevista con Sputnik el exintegrante del Comité hasta 2019.
Según este catedrático en Derecho Internacional Público por la Universidad de Valencia, España repatrió a 45 menores no acompañados a través de un procedimiento "que es ilegal" porque incumplió los trámites que la ley marca en estos procesos.
Un juzgado de Ceuta paralizó cautelarmente las devoluciones que había iniciado el Gobierno de Pedro Sánchez al observar que obviaron obligaciones como aportar datos de los niños afectados o comunicarles el traslado a ellos mismos y a la Fiscalía.
El presidente español no dio explicaciones sobre este asunto, aunque acordó con el presidente de Ceuta continuar las devoluciones de conformidad con la ley.
25 de agosto 2021, 14:05 GMT
Cardona afirma que "cualquier persona que se leyera la ley sabía que era ilegal" y que las autoridades de España "se han visto atrapadas" por "la reacción de la sociedad civil y las ONGs que presentaron demandas".
Los 45 niños devueltos a Ceuta tienen la opción de dirigirse a la jurisdicción española mediante sus representantes y reclamar haber sido víctimas de una violación del derecho, lo que abriría nuevos procedimientos contra el Gobierno, según este catedrático.
Con respecto a los cinco casos que llegaron al Comité, este podrá decidir en un futuro que se violaron sus derechos, aunque el órgano no tiene poder de sanción y no puede obligar a España a una reparación.
La resolución del juzgado de Ceuta de suspender las repatriaciones obliga a España a abandonar la vía empleada hasta ahora, pero "si comienza un procedimiento conforme a derecho, algunos casos podrán ser repatriados", dice Cardona.
El camino legal implica abrir un expediente individual a cada uno de los 700 niños que emigraron a Ceuta el pasado mes de mayo, cuando cruzaron la frontera española ilegalmente unos 10.000 marroquíes.
Según el catedrático "no van a poder repatriar a los 700" porque se conocen varios casos de menores que estaban siendo sometidos a explotación sexual, violencia o abusos en Marruecos.
"España tiene la obligación de proteger a ese niño o niña, que si estaba siendo objeto de violencia sistemática puede pedir quedarse en territorio español", explica el jurista.
A partir de aquí el Estado español "está obligado a prestar los servicios necesarios a estos 700 niños", lo que incluye su escolarización en el mes de septiembre.
Cardona duda que los derechos de estos menores se vean respetados durante su estancia en Ceuta porque la ciudad y sus escuelas "carecen de recursos" para atender a tantos alumnos.
En su opinión, fue posiblemente esta situación la que llevó al Gobierno a iniciar las expulsiones de la manera más rápida, aunque fuera ilegal, en vez de trasladar los niños a otros territorios del país que pueden encargarse de ellos.
"En ese sentido es muy posible que lleguen más demandas al Comité de Derechos del Niño por violación del derecho a la educación, el derecho a la salud, del derecho al desarrollo holístico de los niños y niñas por parte del Estado español, que teniendo recursos para ello no los pone", concluye Cardona.