Tal y como ha explicado la ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo esta reforma de las pensiones se enmarca en la recuperación actual, el Pacto de Toledo y el Plan de Resiliencia: "de esta recuperación no podían quedarse fuera los pensionistas". "Es una razón de justicia", ha asegurado.
Entre los aspectos que se suprimen se encuentra el índice de revalorización de las pensiones, que estaba limitado a una subida anual de un 0,25% en situaciones de déficit y el factor de sostenibilidad, que se reemplazará por un nuevo factor de equidad intergeneracional que el Gobierno español ha comprometido con Bruselas. "A partir ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones: siempre se van a poder revalorizar y, en caso de que el IPC sea negativo se mantendrán con el año anterior", ha explicado Rodríguez.
También se introducen medidas para retrasar la edad de jubilación. Una de las novedades son los coeficientes reductores por jubilación anticipada, con lo que la reducción se aplicará sobre la cuantía de la pensión en lugar de la base reguladora, algo que afecta fundamentalmente a las pensiones más altas.
El texto aprobado se remitirá ahora al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. El objetivo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es que la reforma pueda entrar en vigor en el año 2022.