El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis que vivió el país sudamericano en 2019 no dejó dudas sobre la violenta represión ejercida por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez contra las protestas sociales.
El contenido del documento, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en medio de acusaciones cruzadas sobre golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales (2005-2019) y fraude electoral, dio detalles de 37 fallecidos y cientos de personas con lesiones físicas y psicológicas.
El texto calificó de "masacre" lo ocurrido en Sacaba (departamento de Cochabamba) y en Senkata (ciudad de El Alto), durante las intervenciones militares ante las movilizaciones por la asunción de Áñez a la presidencia.
Entrevistado por Sputnik, el canciller boliviano Rogelio Mayta destacó el camino de esperanza que abre este informe para conocer la verdad de lo sucedido.
En este marco, la Fiscalía General presentó una acusación formal para un juicio de responsabilidades por genocidio contra Áñez, quien el 21 de agosto intentó quitarse la vida en prisión.
El analista político boliviano Axel Arias Jordán dijo a Telescopio que aunque el objetivo del GIEI no era determinar la existencia o no de un fraude electoral o un golpe de Estado en 2019, "al hacer la lectura de las partes concernientes a la crisis que vivió el país en ese entonces, se puede entrever que hubo una ruptura institucional".
"Entre el 8 y 10 de octubre, cuando Evo Morales renuncia a la presidencia, se puede ver las manifestaciones y sugerencias que hicieron los jefes de Policía y de las Fuerzas Armadas al presidente para que deje el cargo. Y acto seguido se puede evidenciar el momento en que Áñez asume, indicando que sin el quórum previsto en el Parlamento se proclama primero presidenta de la Cámara y luego interina del Estado Plurinacional”, agregó.
Para el analista, estos elementos "confirmarían la tesis de un golpe en octubre de 2019, aunque desde la oposición se pide que no se interprete sesgadamente el informe". Pero "apegándonos a lo que establece la Constitución y los reglamentos de la Asamblea, se puede ver que el procedimiento de toma del poder de Áñez fue inconstitucional", añadió.
Consultado sobre las consecuencias para la oposición el resultado del informe, Arias Jordán sostuvo que las mismas se pueden dividir en dos. Por un lado, "las político-electorales, el resultado del proceso electoral de 2020 y el de las elecciones subnacionales de este año, donde el MAS [Movimiento al Socialismo] ha ganado terreno en diversos sectores".
Por otro lado, están "las consecuencias más profundas que son las morales. Después de estos acontecimientos, quedó en evidencia una oposición que cuando asumió el poder en 2019 violó los derechos humanos, incurrió en nefastos hechos de corrupción y, al momento de llegar al Gobierno, irrespetó las leyes", afirmó.
Sobre el rol del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Arias Jordán expresó que "muchas voces del [actual] Gobierno plantean que investigar a Almagro es necesario y oportuno, en el sentido de que sería uno de los principales propiciadores de los hechos".
El analista afirmó que en Bolivia fue el organismo quien "profundizó la crisis y desencadenó hechos nefastos que convulsionaron y generaron luto, y deben ser investigados porque es necesario establecer justicia. Y solo a partir de ello, Bolivia se va a poder reencausar", concluyó.
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