El dispositivo, según el canal público, comenzó por los 234 niños que estaban en el polideportivo Santa Amelia de la ciudad autónoma y los medios locales ya publicaron fotos de los minibuses dirigiéndose hacia el paso fronterizo del Tarajal, justo el mismo por el que cruzaron a España la mayoría de ellos.
El Gobierno español aplicó así un acuerdo firmado con Marruecos en Rabat en 2007 "sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado", según reza en el título del convenio.
La decisión vino insinuándose a ambos lados de la frontera en las últimas semanas.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, adelantó el 9 de agosto que "en unos días se verá" una mejora en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, algo que atribuyó al relevo al frente de la Cancillería española de Arancha González Laya por parte de José Manuel Albares, el pasado 12 de julio.
Antes, a principios de junio, la ministra marroquí de Solidaridad, Desarrollo Social, Igualdad y Familia de Marruecos, Jamila El Moussali, afirmó en un comunicado que "nos estamos preparando para poner en marcha un dispositivo que nos permita recibir a estos menores en mejores condiciones".
Se calcula que desde la pasada crisis de mayo permanecen en la Ciudad Autónoma de Ceuta, enclave español en el norte de África con 80.000 habitantes, unos 800 menores y 1.000 adultos marroquíes, de los más de 10.000 que cruzaron entre el 17 y 19 de mayo, ante la pasividad de las autoridades marroquíes.
En este sentido, la responsable de Políticas de Infancia de la ONG Save the Children, Carmen del Moral, manifestó en una entrevista en TVE que estas devoluciones "no se ajustan a derecho y no respetan los derechos de la infancia".
8 de junio 2021, 10:14 GMT
Argumentó Del Moral que las administraciones públicas españolas tienen el deber de proteger a los menores que llegan solos a España y determinar una solución duradera para ellos "en base a su interés superior".
La portavoz de Save the Children añadió además que se deberían haber hecho estudios "caso por caso" y que los retornos deberían ser en todo caso voluntarios y con asistencia legal por parte de los menores, algo que puso en duda.
Adelantó además la activista que estudiarán medidas legales para detener estas devoluciones "al menos cautelarmente".
Según los datos que proporcionó durante la entrevista, un 25% de los menores llegados a Ceuta "venían de situaciones de violencia, de maltrato, de desamparo o de abusos y uno de cada seis había sido víctima de tortura o trato degradante", según explicó.