María José Carrasco dejó de respirar el 3 de abril de 2019. Vivía casi inmovilizada a causa de la esclerosis múltiple que padecía. Su único deseo era acabar con aquella situación. Lo consiguió gracias a un vaso y una pajita. De allí sorbió el pentobarbital sódico que le provocó la muerte. Al otro lado del recipiente, su pareja, Ángel Hernández. Él fue el encargado de preparar la bebida que segó su vida. De cumplir la última petición de Carrasco. Un acto que le llevó ante los tribunales por un delito de cooperación al suicidio. La Fiscalía había solicitado seis meses de prisión para Hernández. Una demanda que ya es parte del pasado.
El Ministerio Público ha retirado su acusación contra Hernández. Para ello, la institución ha presentado en el juzgado un escrito en aplicación retroactiva de los cambios del Código Penal inducidos por la ley de la eutanasia, que entró en vigor el 25 de junio. El texto legal reconoce "el derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable", afirmación que añade la Fiscalía en su declaración. Pero, el organismo insiste en que era relevante analizar si en los hechos previos a la aprobación de la ley se daban los requisitos necesarios para haber activado el procedimiento de asistencia a la prestación de ayuda a morir, en caso de haber estado vigente la nueva normativa. A su juicio, sí concurrían.
Ángel Hernández durante un coloquio sobre la eutanasia (Madrid)
© Europa Press / Óscar J.Barroso
El escrito de la Fiscalía remarca que la actuación de Hernández no debe tener "reproche penal" y solicitan el sobreseimiento libre de la causa. Una conclusión que entona con el anuncio de los representantes del Ministerio Público del mes de octubre. En caso de condena, el organismo no iba a oponerse a la petición de un indulto.
"Estaba bastante tranquilo. Me había estudiado bien la ley de la eutanasia y si seguían sus parámetros, esta noticia iba a llegar más pronto que tarde", admite Hernández. Carrasco le había expresado de forma "constante" su deseo de morir a raíz de los intensos dolores que soportaba a causa de la esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa e incurable. Puntos que convertían a la mujer en objeto de la ley de la eutanasia, que incluye una modificación en el artículo 143 del Código Penal. "No incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia", reza la norma.
Fue en 1989 cuando a Carrasco le diagnosticaron la enfermedad. En siete años le fue reconocida una gran invalidez. Hernández, pareja sentimental de la mujer desde 1982, se dedicó a atenderla hasta que en 1999 se acogió a una excedencia laboral para centrarse exclusivamente en su cuidado. Poco a poco la esclerosis fue consumiéndola. En 2014, exteriorizó por primera vez su deseo de acabar con su vida. El hombre intentó disuadirla, pero la falta de apoyo institucional, los crecientes dolores de Carrasco y la firme voluntad de la enferma de poner fin a su existencia acabaron por convencerle. En abril de 2019 cumplió con su deseo.
Una semana después del suicidio, Hernández fue reclamado por la Justicia. A petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid movió la causa a un juzgado de violencia de género. La magistrada se acogió a una sentencia del Tribunal Supremo en la que se indicaba que no hacía falta probar la intención machista para que una agresión sea violencia de género. El juzgado al que llegó la causa afirmó que la simple y contundente petición de Carrasco a su pareja sentimental para ayudarla a morir excluye el proceso de la competencia de violencia de género.
Sin embargo, por motivos técnicos, la Audiencia Provincial de Madrid decidió que la instrucción continuase en los juzgados de lo Penal especializados en violencia machista. La vista oral estaba prevista para 2021. Ahora, sin acusación, la celebración de un juicio se entrevé improbable. "La decisión de la Fiscalía era lo razonable. Pero, ya sabemos como funciona en ocasiones el sistema judicial de este país", señala Hernández.
Ángel Hernández y la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo celebran la aprobación de la ley de la eutanasia
© Europa Press / Eduardo Parra
Una ley para todos
Hernández conversa con Sputnik Mundo desde su apartamento en Alicante, donde viajó en numerosas ocasiones junto a Carrasco. Tiempo después, a la vera del mar Mediterráneo pasa largas temporadas, al amparo de una climatología amable. Desde la tranquilidad, el hombre reconoce que no temía al juicio. Es más, tenía pensado no presentarse o acudir, pero no declarar en señal de protesta. No obstante, acontecimientos recientes le hicieron cambiar de opinión.
El 24 de junio, un día antes de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que esta ataca el derecho fundamental a la vida. "Me enfadé mucho", confiesa Hernández. En su mente estaba personarse en la vista y dar a conocer una serie de documentos con los que acusaba al ejecutivo de la Comunidad de Madrid y los servicios sociales autonómicos de ignorar a su pareja y a él durante el transcurso de la enfermedad.
"El PP de Madrid nos perjudicó mucho. Jamás le concedieron una residencia a mi compañera, que estuvo 11 años en el banco de datos. Incluso, nos la denegaron en 2018 para un mes, cuando yo me tenía que operar de una hernia umbilical. Fue en el mismo año en el que ella entró en paliativos. Recuerdo que 11 días después de mi operación me fui a buscarla al hospital. Los medicamentos no le causaban más que sufrimiento. No pude negarme a sus peticiones. En parte, el PP madrileño fue corresponsable de lo que hicimos", explica.
Sin embargo, como se espera, no será necesario que se siente en el banquillo. Hernández quedará libre de cargos como deseaba Carrasco. "Su intención era cometer el suicidio clandestinamente para que no me pasara nada. No quería que después de todos los años cuidándola fuese a la cárcel. Pero todo lo que estaba pasando tenía que servir para algo", afirma el hombre. "Con su permiso, mostramos todo su dolor y sufrimiento", continúa.
La pareja siguió la senda que Ramón Sampedro inició a finales de los noventa. El suicidio de este marinero gallego abrió el debate sobre la ley de la eutanasia en España. "María José fue la gota que colmó el vaso. Pasaron más de 20 años entre Ramón Sampedro y ella. Un tiempo en el que no se avanzó en nada", lamenta Hernández. Su consuelo subyace en la normativa que protege el derecho a morir dignamente desde hace apenas una semana.
"Mi juicio era lo de menos. Lo importante es que ya tenemos una ley que nos va ayudar a todos. Dará tranquilidad, tanto a las personas que sufren ahora una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), como a aquellas que pueden contraerla. Hubiese sido maravillosa para María José".
Hernández hipotetiza que hubiese pasado si el trato dado por los servicios sociales de la Comunidad de Madrid hubiese sido otro. Tal vez Carrasco hubiese vivido más años en las mismas condiciones. Quién sabe, tal vez la mujer estuviese paseando por Alicante, mientras su pareja tiraba de la silla de ruedas. Como acostumbraban a hacer. Sin embargo, la vida les deparó otro camino. A ambos. "Solo tenía clara una cosa. Que seguiría luchando", sentencia el hombre desde la costa de Levante.