La investigación discurre en coordinación con la Fiscalía del Tribunal Supremo con el objetivo de verificar si las regularizaciones voluntarias que Juan Carlos I efectuó en febrero fueron completas y veraces, de ahí que la Agencia Estatal de Administración Tributaria haya reclamado al exjefe del Estado la documentación relativa a su patrimonio, cuentas bancarias y tarjetas personales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó a principios de mayo que una investigación en este sentido estaba ya en curso.
Recordamos que a finales de febrero del presente año el rey emérito realizó un pago a Hacienda de 4,4 millones de euros para regularizar fiscalmente unas rentas no declaradas en forma de pagos en especie que ascendían a más de ocho millones. Es decir, Juan Carlos supuestamente liquidó así su deuda con el fisco por percibir como regalo viajes en aviones privados por valor de ocho millones de euros. Los vuelos corrían a cuenta de la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.
Anteriormente, en diciembre de 2020, abonó 678.393 euros por el uso de tarjetas opacas entre 2016 y 2018 (cuando su estatus ya no gozaba de inviolabilidad) y a cargo de un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause. Según la Fiscalía Anticorrupción, Juan Carlos accedió a ese dinero a través de un supuesto testaferro, el coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza.
El objeto de la investigación de la Agencia Tributaria y la Fiscalía es dilucidar si la Fundación Zagatka funcionó en realidad como una sociedad pantalla para desviar el rastro del dinero utilizado en sus viajes internacionales. Durante 12 años y hasta 2018, esta fundación pagó gastos privados del rey emérito en sus viajes al Golfo Pérsico y el Caribe, en ocasiones acompañado de Corinna Larsen, por un importe de 11 millones de euros.
Otras investigaciones
Pese a estar aforado, el padre del actual jefe del Estado tiene dos causas más abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo. En una se investiga un supuesto cobro de comisiones ilegales por la construcción de una línea férrea de alta velocidad en Arabia Saudí en 2014 (cuando su figura aún era inviolable) y la otra indaga la existencia de sociedades bajo su control en paraísos fiscales.
En la actualidad Juan Carlos I reside en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde se instaló en agosto de 2020. En principio está obligado a atender el requerimiento de información documental que le solicita la Agencia Tributaria. La Fiscalía todavía no ha acabado de tramitar otras investigaciones fiscales en torno al rey emérito, por ejemplo la que plantea indagar en la fortuna que supuestamente ocultó en Suiza.