Cinco días de protestas a lo largo del territorio llevaron a Iván Duque a pedir al Congreso que abandone el tratamiento del proyecto de reforma tributaria, y a tramitar uno diferente "con consensos". El mandatario señaló que la reforma era necesaria para "dar estabilidad fiscal" al país y sostener los programas sociales, en especial en la etapa posterior a la pandemia.
Pero la oposición y gran parte de la población la criticaban por presión excesiva hacia las clases media y baja, con fuertes tributos que se reflejan en Impuestos al Valor Agregado (IVA) a productos de consumo masivo y servicios públicos. A la situación de un país golpeado por la crisis sanitaria y económica, se sumaron denuncias de represión de las fuerzas de seguridad contra civiles.
"El retiro de la reforma por parte del Gobierno significa un triunfo para el pueblo; un triunfo de la protesta social contra medidas autoritarias como los toques de queda, contra la violencia estatal ejercida contra el pueblo que se manifestaba en las calles", dijo a En Órbita Óscar Ramírez, vocero del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), en Colombia.
El entrevistado manifestó que el retiro del proyecto de reforma tributaria "no es suficiente" para cambiar el clima social de "insatisfacción" que persiste contra el actual Gobierno.
El vocero del CSPP se refirió además a los episodios de excesos y violencia en el accionar policial, que dejaron 22 fallecidos en los días de protestas. "La represión comenzó antes de la movilización [del 28-A], con allanamientos ilegales a personas sospechosas de conformar grupos de terrorismo para alterar el orden público", afirmó Ramírez, quien además resaltó una deficiente gestión del Estado en adquirir vacunas y controlar el avance de la pandemia.
En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el analista político peruano, Jorge Aragón, sobre la campaña presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y además la situación en El Salvador, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) monitoreando la situación tras la destitución de la Sala Constitucional y del Fiscal General.
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