Para que el Gobierno de España pueda recibir los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, el plan debe ser remitido a Bruselas antes del 30 de abril.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado la aprobación del plan en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ministros, y ha destacado que España cumple así con el plazo fijado por la Comisión Europea para que los Estados miembro presenten sus planes, fijado en el 30 de abril.
"Es la mayor oportunidad que vamos a encontrar en los próximos años", ha remarcado Montero, tras explicar que, según el calendario, la Comisión Europea tiene hasta dos meses para dar el visto bueno al Plan, aunque no es necesario que esté aprobado por Bruselas para que se proceda a su implementación, como ya se ha venido haciendo, según ha apuntado la ministra.
Una vez enviado el plan a Bruselas el Gobierno dará a conocer la senda de déficit público prevista hasta el año 2024, que también está incluida en el plan pero no se ha desvelado por el momento.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, explicó los puntos más destacados de este plan en una comparecencia ante los medios el 13 de abril. En ella defendió que "el plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y trascendental de la historia reciente de España, la mayor oportunidad para España desde su entrada en la UE".
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está dotado con una inversión de 140.000 millones de euros para los próximos seis años y cuenta con 212 medidas, 110 de ellas están destinadas a inversiones y las 102 restantes a reformas.
El Gobierno español prevé movilizar 70.000 millones de euros hasta el año 2023 que se destinarán a transición ecológica, transformación digital, educación y formación e investigación científica. Los primeros 27.000 millones llegarían este mismo 2021.
Entre las principales inversiones de los próximos años hay una partida de 13.200 millones de euros dedicados a la movilidad sostenible, otros 6.800 millones para la rehabilitación de la vivienda, 4.300 para las administraciones públicas y 4.000 para la digitalización de pequeñas y medianas empresas.