Así lo expresaron tanto las fuerzas de oposición como los socios de investidura de Sánchez durante la sesión parlamentaria celebrada este 14 de abril, ante la cercanía de la expiración de la herramienta que permite adoptar restricciones excepcionales para frenar contagios.
"La intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma", defendió el presidente del Gobierno español, remitiéndose a los consejos científicos y el avance de la vacunación para rechazar la extensión del período de alarma que comenzó el pasado 25 de octubre.
En el lado contrario se situaron políticos, como el jefe de la oposición, Pablo Casado (Partido Popular), que reclamó un "Plan B jurídico" para que las regiones españolas puedan actuar contra el COVID dentro de un marco legal claro.
El dirigente conservador se sumó así a las preocupaciones expresadas en los últimos días por los gobiernos de comunidades autónomas como el País Vasco o Andalucía.
Cuando expire el estado de alarma, las regiones necesitarán la aprobación judicial para recurrir a medidas como el toque de queda o los confinamientos perimetrales, que algunos tribunales ya tumbaron en el pasado.
"No se puede ir de aquí sin decir a los españoles qué va a pasar [a partir de mayo], dijo a Sánchez la líder de los liberales de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que exigió "seguridad jurídica y sanitaria" frente al COVID.
Las críticas también llegaron por parte de aliados como el Partido Nacionalista Vasco, cuyo portavoz Aitor Esteban cuestionó la "prisa" del Ejecutivo para levantar la alarma y lo calificó de "temeridad".
Otros partidos regionales como los nacionalistas catalanes y gallegos, la formación madrileña Más País o la valenciana Compromís también tacharon de "precipitado" el plan del Gobierno de seguir adelante sin esta herramienta.
Solo la formación de ultraderecha Vox y otras dos fuerzas minoritarias abogaron por el fin de la alarma por la restricción de derechos fundamentales que supone.
Ante el cuestionamiento del Congreso, Sánchez insistió en que la alternativa al escenario de alarma vigente en España es la vacunación contra el COVID-19 acompañada de "unidad" y "responsabilidad individual" frente al virus.