La lentitud con la que avanza la campaña de vacunación contra el COVID-19 en España parece incentivar en algunas comunidades autónomas el deseo de proveerse por su cuenta de más vacunas. Ante su escasez, desde distintos territorios se están haciendo llamamientos al Gobierno de Pedro Sánchez para que agilice la negociación con los proveedores del fármaco ruso Sputnik V mientras obtiene su autorización en la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).
Al interés de la Comunidad Valenciana, que trasladó al Gobierno una petición para incluir el antígeno ruso al catálogo disponible de vacunas en España lo antes posible, siguió el de Madrid, que contactó con una empresa biotecnológica gallega (IberAtlantic) que podría obtener la licitación para producirla en el país. Y el consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, confirmó la celebración el 13 de abril de una videoconferencia con los desarrolladores de la Sputnik V. "Pedimos que la Unión Europea y el Gobierno de España espabilen", ha reclamado el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, al tiempo que confirmó otra reunión telemática "la semana que viene con Janssen".
"Creo que lo que buscan es intentar demostrar que el Gobierno español y la Comisión Europea lo están haciendo mal con la gestión de las vacunas, por lo que intentan poner sobre la mesa que existen otras alternativas", declara a Sputnik Marc Guinjoan, politólogo e investigador de la Universitat de Barcelona, para quien este tipo de iniciativas expresan, por el momento, un problema técnico antes que político.
En una situación en la que a la UE no han llegado las dosis prometidas del antígeno de Janssen luego de que EEUU decidiera suspender cautelarmente su uso debido a algunos casos de aparición de trombos, ¿es descabellado pensar que los poderes regionales puedan aludir a esta y otras contingencias como elemento de presión al Gobierno central para adquirir vacunas fuera del marco de compra centralizado europeo? "Yo ahora mismo no me atrevería a decir tanto. Las autonomías hacen presión, como tiene que ser, pero el propio Gobierno central tiene un máximo interés en que todo funcione bien", matiza Guinjoan.
¿Hay vía libre para las comunidades?
Bajo la responsabilidad de cada cual, la UE da la opción a los Estados y a las regiones que los integran (en función de la estructura institucional en que se encuadren) a adquirir de forma unilateral vacunas que no formen parte de la cartera comunitaria. Pero ningún territorio español plantea salirse de ese marco.
Las autoridades sanitarias andaluzas basan su iniciativa en la necesidad de conocer las existencias del mercado para luego hacer proyecciones del personal necesario para efectuar la inoculación. El caso es que en las regiones el tema es cada vez más recurrente, de alguna manera refrendado luego de que Alemania confirmara el 8 de abril la apertura de negociaciones bilaterales con Rusia para obtener la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya. Y a este movimiento le antecedió el anuncio del land de Baviera de un contrato para adquirir 2,5 millones de dosis de la vacuna rusa, una vez la EMA dé el visto bueno a su formulación.
Si bien el presidente valenciano, Ximo Puig, aseguró que su interés no le hará desviarse de la ruta trazada por el Gobierno español y la UE, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aseguró que si "yendo al mercado tengo más posibilidades de conseguir vacunas que a través de los canales actuales, lo haré. Es mi obligación".
Los movimientos de Andalucía y Madrid, contrastan con los de Cataluña, que muestra de momento una fidelidad a la estrategia del Ministerio de Sanidad apenas sin fisuras. "En Cataluña no hay color, está muy alineada con la EMA y con el Gobierno español", explica Marc Guinjoan. "No tiene un interés específico en comprar otras vacunas, además ahora mismo está con un Gobierno interino, por lo que no pueden hacer mucho más".
¿Choque entre administraciones?
A nadie se le escapa que en España tales iniciativas pueden conducir a una confrontación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, máxime cuando pueden ser de diferente signo partidista. Si la compra de vacunas está centralizada, ¿puede subyacer un deseo de sacar un rédito político (incluso electoral, en Madrid) de tales operaciones?
"En el caso de Andalucía y Madrid, veo más una confrontación política más que una amenaza real, porque no es realista que estas comunidades vayan a comprar vacunas fuera, al menos en un futuro cercano", señala Marc Guinjoan, que incide en el ambiente de campaña electoral de la segunda y la necesidad de sus autoridades de diferenciarse del Gobierno central.
"Madrid se encuentra en un proceso electoral, por lo que [sus autoridades] deben marcar un perfil muy específico: hay alternativa en un punto donde el Gobierno central lo hace mal. Pero no creo que todo esto entrañe algún tipo de consecuencia práctica. Más que plantearse comprar ellas mismas vacunas extracomunitarias, lo que intentan es mostrar que podría haber otras alternativas", concluye Marc Guinjoan, para quien un ulterior cambio en la estrategia de vacunación central influido políticamente desde las periferias, dependería de cómo evolucionen los acontecimientos en los próximos meses, "incluida la vacuna de Janssen".