En declaraciones recogidas ampliamente por los medios españoles, Rato se quejó de que el Ministerio Público incluyera en su escrito de acusación una serie de delitos "que no han sido objeto de la instrucción" en la investigación abierta en 2015 sobre el origen de su patrimonio.
"Resulta increíble que una institución pública de la Justicia española utilice estos modos para atacar y dañar la imagen y el honor de una persona", lamentó el expolítico español, que denunció también que la Fiscalía "divulgara sus argumentos" antes de dar a conocer el escrito de acusación.
En la jornada del 23 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción difundió una nota de prensa en la pedía entre cuatro y seis años de prisión por cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública de los que le acusa: seis años por blanqueo de capitales, cuatro por insolvencia punible, otros cuatro por corrupción en los negocios y tres por falsedad documental.
Según Rato, "divulgar notas de prensa en lugar de la totalidad de los escritos no protege ningún bien público ni derechos, sino todo lo contrario".
Las penas solicitadas por la Fiscalía suponen una suma que oscila entre los 60 y los 80 años años de prisión.
Rato también quiso destacar que algunos de los hechos por los que le acusa la Fiscalía han sido ya descartados por el instructor del caso.
El ex director gerente del FMI entre 2004 y 2007 está en libertad condicional por el caso de las "tarjetas black", un trama para disponer con total impunidad de fondos de la entidad de ahorro Caja Madrid —posteriormente Bankia— mediante tarjetas de crédito opacas al fisco por parte de él y 63 directivos de la entidad, cuando él era presidente, entre 2010 y 2012.
En este caso, el hecho de haber cumplido la mitad de la condena de cuatro años y seis meses por un delito de apropiación indebida, su edad —superior a los 70 años— y sus problemas coronarios, favorecieron su puesta en libertad condicional, el pasado febrero.
Pese a ello, aún tiene pendiente la causa citada relativa al incremento presuntamente injustificado de su patrimonio personal y presuntos delitos contra la Hacienda Pública, cuya investigación fue abierta en 2015, y otra por la presunta obtención de comisiones por la adjudicación de contratos publicitarios, cuando presidía la entidad bancaria Bankia.