Durante la cuarentena han crecido los desmontes en la provincia Santiago del Estero (norte argentino), los daños al ambiente y a las comunidades. Entre el 15 de marzo y el 31 de mayo se deforestaron 7.759 hectáreas. Es la provincia argentina con más deforestación de las últimas dos décadas: entre 1998 y 2018 perdió casi 2 millones de hectáreas de bosques nativos, según datos de MOCASE.
"En estos últimos tiempos no han dado autorizaciones para desmontes y han estado deforestando de forma ilegal. Más en la cuarentena, que [las autoridades] no salen a hacer controles o si hay denuncias no vienen", contó Carrizo.
El 21 de abril, en El Tunal, el Pueblo Originario Vilela paró una topadora que no tenía permiso. Hasta ahora no ha vuelto. En el Paraje Sarmiento también se ha frenado un desmonte ilegal. Carrizo advierte que si en Santiago del Estero no existiera organización comunal, hubiera pasado lo mismo que en la provincia de Córdoba, donde solo queda 3% de los bosques.
La principal causa de los desmontes es el avance del agronegocio: la ganadería y soja. Carrizo contó que los empresarios intentan expulsar a las familias que viven desde muchas generaciones atrás en esos territorios, desmontando todas las zonas que no están pobladas y son saledañas a la comunidad, aunque sean tierras que no se pueden desmontar. Después, prenden fuego el monte, echan agrotóxicos y entran con la siembra directa para plantar monocultivos.
La lucha de MOCASE es contra el agronegocio y por el reconocimiento de las comunidades "como sujetos productivos".
"El campesinado tiene un sistema de producción diverso, integrado, familiar, de cuidado de la tierra. En ese sentido es la lucha permanente que se nos reconozca como sujetos productivos", aseguró Carrizo. La producción campesina es garante del 80% de la alimentación del mundo, según datos de la organización.
Carrizo señala que "la pelea es también con el sistema judicial, que criminaliza al campesinado que desobedece las órdenes de desalojo que da el Poder Judicial a favor de los empresarios". Además, denunció que los ganaderos y sojeros han empezado a amenazar a las comunidades.
"Están utilizando el modus operandi de contratar grupos armados e ir a amedrentar a las familias y sacarlas a punta de pistola del territorio. En algunos casos con la complicidad de fiscales o jueces, han querido meterse en territorios donde viven familias", contó.