"No nos vamos a cansar de trabajar en este tema hasta que se garanticen los derechos de las personas que habitan estos territorios", dijo a Sputnik Alejandra Donoso, abogada de la Defensoría Ambiental y una de las encargadas de presentar el caso ante la CIDH.
Según Donoso, "para la CIDH quedó claro que hay vulneración de derechos humanos, que esas vulneraciones emanan de la existencia de estas zonas de sacrificio, y que el Estado [de Chile] ha actuado al menos de manera pasiva al respecto".
"Si bien el Estado ha realizado esfuerzos que son claramente insuficientes, sí se mostró abierto a mantener la preocupación por el tema", agregó sobre la acción estatal en estos sectores del territorio cuya integridad y habitabilidad se vieron perjudicadas sustancialmente debido a la alta explotación de las actividades económicas no sustentables.
"Por causa de desarrollo industrial, estos territorios se ven devastados ambientalmente a través de la contaminación del aire, del suelo y del agua. De esta forma, el derecho a vivir en un medio ambiente sano de las poblaciones que residen en aquellas zonas no está respetado, lo que tiene como consecuencia la vulneración de otros derechos fundamentales, en particular el derecho a la salud", aseguran.
El caso llega a la CIDH en el marco de su 171 Período de Sesiones, que se realiza del 7 al 16 de febrero en Sucre, Bolivia.