"La Estrategia de Defensa Nacional prioriza la competencia con las principales potencias y, en particular, revertir el deterioro de la ventaja militar estadounidense respecto de China y de Rusia", dijo Mattis.
Mattis advirtió que una combinación de veloces cambios tecnológicos, del impacto negativo en la preparación militar que resultó del período de combate ininterrumpido más largo de la historia de EEUU y de un lapso prolongado de dotación insuficiente e impredecible de fondos dio como resultado unas fuerzas armadas sobrecargadas y sin los recursos necesarios.
"Nuestra ventaja competitiva se deterioró en todos los ámbitos de la guerra —tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio—. Modernizar nuestros sistemas de vectores de disuasión nuclear, incluyendo nuestro mando y control nuclear, es la prioridad máxima del Departamento de Defensa", dijo Mattis.
El pedido de asignaciones presupuestales adicionales para el año fiscal 2017 y la ley general de asignaciones presupuestales del año fiscal 2018 aportaron los fondos necesarios para enfrentar las carencias inmediatas de preparación y para acelerar programas de modernización como parte de un esfuerzo sostenido para solidificar la ventaja competitiva de EEUU, añadió Mattis.
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"Espero trabajar con el Congreso para abordar las implicaciones en la seguridad nacional creadas por esta norma", dijo Mattis en su testimonio ante el órgano legislativo en referencia a la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de EEUU a través de Sanciones.
El secretario añadió: "Es importante que tengamos una autoridad de exenciones flexible, de otra manera nos impediremos actuar en nuestro propio beneficio y pondremos una carga indebida en nuestros aliados y socios".
La legislación referida por Mattis fue aprobada por el Congreso con una mayoría que impidió el veto del Ejecutivo y que el presidente Donald Trump firmó de mala gana para su promulgación.
La norma establece el 29 de enero de 2019 como fecha límite para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un reporte sobre "las entidades oligárquicas y paraestatales de la Federación Rusa" y los "efectos de expandir sanciones que incluyan deuda soberana y productos derivados", según el Departamento de Estado.
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Posteriormente, el Departamento del Tesoro anunció sanciones a 19 ciudadanos rusos y cinco entidades de ese país, argumentando una supuesta interferencia en las elecciones presidenciales de EEUU de 2016 a través de delitos cibernéticos.
Moscú ha negado en reiteradas ocasiones tales acusaciones.